Fue convertido en ley a pese a la oposición unánime del sector profesional
SAN JUAN, Puerto Rico
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció enérgicamente la firma del Proyecto del Senado 350 por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón, una medida que penaliza con hasta 15 años de cárcel a profesionales de la salud que ofrezcan tratamientos de afirmación de género a personas trans menores de 21 años.
“¡Qué vergüenza! Jenniffer González, con sus actos, se declara la gobernadora más enemiga de la equidad en la historia”, expresó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación. “Ignoró a su propio secretario de Salud y a las principales organizaciones médicas del país que respaldan este tipo de tratamientos. Al convertir en ley el PS350, criminaliza a quienes cumplen con su deber y pone en peligro a menores trans y sus familias”.
El PS350 impone penas de hasta 15 años de reclusión, multas de $50,000 y la revocación de licencias profesionales a quienes practiquen terapias de afirmación de género en menores de 21 años, a pesar de que estas intervenciones están avaladas por las principales asociaciones médicas y psicológicas a nivel internacional.


En días recientes, entidades como el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la ACLU, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico se habían expresado en contra de la medida y exhortaron a la gobernadora a vetarla.
“Es un momento muy triste en la historia de nuestro país. Una gobernadora que prometió trabajar para todos ha abandonado a la juventud trans y a sus familias”, denunció Ivana Fred Millán, directora ejecutiva de la Federación. “No importan las leyes que firmen, nunca podrán impedir nuestra existencia. Haremos lo que tengamos que hacer para defender nuestra dignidad”.
La Federación anunció que acudirá a los tribunales para impugnar la medida por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.
“Que no quepa duda: vamos a luchar. Esta ley es cruel e inhumana y será combatida en los tribunales y en todos los espacios necesarios”, concluyó Justin Jesús Santiago, también director de la organización.
