Puerto Rico podría estar a las puertas de un giro similar con esfuerzos del Proyecto Dignidad y una Legislatura servil a sectores fundamentalistas
SAN JUAN, Puerto Rico
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La legislatura republicana de Kentucky anuló esta semana el veto del gobernador Andy Beshear y aprobó una ley que permite nuevamente la práctica de la terapia de conversión en el estado, además de prohibir el uso de fondos públicos (Medicaid) para tratamientos de afirmación de género, incluso para personas adultas. La medida entró en vigor de inmediato gracias a una cláusula de emergencia.
Aunque originalmente el proyecto de ley —conocido como HB 495— buscaba únicamente revertir una orden ejecutiva de 2024 que prohibía la terapia de conversión en menores, fue enmendado para extender su alcance y cortar el acceso a cuidados médicos esenciales para personas trans adultas que dependen del seguro público.
A esto se suma otra ley aprobada la semana pasada: el Senado estatal también impuso una prohibición sobre tratamientos de afirmación de género a personas trans encarceladas, aun cuando múltiples expertos han advertido que esa atención es médicamente necesaria y que negarla podría violar la Constitución de EE. UU. por constituir un trato cruel e inusual.
En Kentucky, solo hay 67 personas trans en prisión, pero todas ellas serán obligadas a interrumpir sus terapias hormonales si estaban siendo cubiertas con fondos públicos. Profesionales de salud mental han alertado que esto puede provocar efectos devastadores: desde ansiedad y depresión, hasta suicidios.
Lo que está ocurriendo en Kentucky es parte de una ofensiva más amplia de la derecha radical en Estados Unidos. Y Puerto Rico no es inmune.
En Puerto Rico, grupos como Proyecto Dignidad han demostrado un compromiso con agendas similares: buscan eliminar protecciones para la comunidad LGBTQ+, censurar contenidos escolares sobre diversidad sexual y de género, y normalizar prácticas violentas como la terapia de conversión, que ya ha dejado daños profundos en personas sobrevivientes en la Isla.
Como advirtió Chris Hartman, director ejecutivo de Fairness Campaign en Kentucky: “Es un día triste. Estas leyes crueles tendrán consecuencias devastadoras para nuestra comunidad”.