El proyecto desconoce evidencia médica y criminaliza el derecho a una vida plena para jóvenes trans
SAN JUAN, Puerto Rico
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico pidió a la gobernadora Jenniffer González Colón vetar el Proyecto del Senado 350, que criminaliza a médicos y padres y que pretende prohibir tratamientos médicos de afirmación de género en personas menores de 21 años.
«El P. del S. 350, como está escrito, no solamente excluye, sino que crea dos categorías distintas de hijas e hijos, una que permite a los padres acceder y autorizar tratamientos si se trata de hijos cuya identidad se alinea con el sexo asignado al nacer, y otra que le prohíbe a padres el mismo derecho, si la identidad de su hijo es distinta», señaló Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Asuntos de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico, en la misiva enviada a la gobernadora el 15 de julio.
El P. Del S. 350, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y la senadora Joanne Rodríguez Veve, fue aprobado por el Senado y la Cámara, y enviado a La Fortaleza el pasado 11 de abril. La gobernadora lo devolvió a la Legislatura para la inclusión de enmiendas sugeridas por el secretario de Salud, Víctor Ramos Parés, que no subsanan la violación de derechos constitucionales, civiles y humanos fundamentales, advirtió la ACLU. La medida fue nuevamente aprobada por ambas cámaras y enviada a la gobernadora el 28 de junio, de acuerdo con los eventos registrados en el Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA).
Aunque la medida lleva por título «Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico», su texto está claramente dirigido de forma exclusiva a los menores cuya identidad no corresponde al sexo que le fue asignado al nacer. El Proyecto, además de ignorar la postura de especialistas en el asunto, no toma en cuenta el riguroso proceso de consulta médica y especializada que antecede la determinación de los padres que autorizan dichos tratamientos –bloqueadores de pubertad u hormonales- y, en su lugar, les criminaliza.
«Instamos a que se considere el impacto devastador de esta legislación en la vida de muchos jóvenes puertorriqueños y en la práctica médica en la isla», sostuvo Escudero Rodríguez.
A nivel local, el consenso de especialistas en este asunto es que la medida no debe ser convertida en ley, postura que la ACLU de Puerto Rico comparte. La lista de entidades que han planteado su oposición incluye al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, la Federación LGBTQ de Puerto Rico, entre otras.
“La ACLU rechaza de manera contundente la aprobación de una medida que no solo criminaliza a madres, padres y médicos, sino que discrimina de forma directa contra las personas transgénero y niega la existencia de la niñez y la juventud trans, cuya vida incluso puede estar en peligro», argumentó, por su parte, la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.
«El proyecto ignora evidencia y casos en Puerto Rico que ejemplifican que el uso de tratamientos de afirmación de género en menores es una decisión acompañada por una batería de médicos y especialistas que concluyen que dicha acción responde al mejor interés del menor y el desarrollo óptimo de todo su ser”, subrayó.