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En Nueva York, los hospitales pactan. En Puerto Rico, el médico que atienda a un menor trans de 21 años o menos se arriesga a 15 años de prisión
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Víctor H. Navas para Pride Society Magazine
Mientras familias LGBTQ+ en Estados Unidos temen perder acceso a servicios de salud tras las elecciones de medio término del martes que viene, incluso en estados demócratas, en Puerto Rico ese escenario ya es ley. La Ley 63-2025 prohíbe los tratamientos médicos de afirmación de género a menores de 21 años y castiga a los profesionales de la salud que los ofrezcan con hasta 15 años de cárcel, multas de $50,000 y la revocación de sus licencias.
La medida, firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón el 16 de julio de 2025, va más lejos que cualquier política federal vigente. Prohíbe las terapias hormonales, los bloqueadores de pubertad y las cirugías vinculadas a una transición de género, aun con el consentimiento de madres y padres, y veda el uso de fondos públicos, estatales o federales, para costearlas.
El contraste surge de un análisis publicado por la revista estadounidense The Advocate, que sostiene que el mapa de acceso para la comunidad LGBTQ+ puede redibujarse sin que ningún estado cambie de color. Según la publicación, la frontera entre la protección legal y el acceso real ya no está en la línea estatal, sino en la puerta de la clínica. En Puerto Rico, esa puerta la cerró la Legislatura.
Lo que dice la ley y quién la defiende
La Ley 63, aprobada como el Proyecto del Senado 350 y promovida por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, establece que las personas menores de edad no han alcanzado la madurez emocional, cognitiva y física necesaria para tomar decisiones irreversibles, por lo que corresponde al Estado velar por su bienestar integral. El estatuto se apoya en que, bajo el ordenamiento puertorriqueño, la mayoría de edad se alcanza a los 21 años.
La ley excluye condiciones médicas no relacionadas con la identidad de género, como la hiperplasia suprarrenal congénita y los trastornos del desarrollo sexual.
Organizaciones médicas, la ACLU de Puerto Rico y la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se opusieron a la medida. La directora ejecutiva de la ACLU-PR, Annette Martínez Orabona, sostuvo que la ley crea dos categorías de niñez: una en la que los padres pueden autorizar tratamientos y otra en la que no, según la identidad del menor. La Federación anunció en julio de 2025 que impugnaría la ley en los tribunales.
Allá se negocia, acá se legisló
En Estados Unidos, buena parte de la pérdida de acceso en estados demócratas ha ocurrido por presión federal sobre hospitales y aseguradoras, no por leyes estatales. El 4 de septiembre, el sistema hospitalario Mount Sinai, en Nueva York, acordó con el Departamento de Justicia federal dejar de ofrecer este tipo de cuidado a menores de 18 años. Mount Sinai negó haber incurrido en irregularidades y el gobierno reconoció que no hubo determinación de responsabilidad. Semanas después, NYU Langone llegó a un acuerdo similar.
En agosto, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) finalizaron una regla que prohíbe usar fondos federales de Medicaid para estos tratamientos en menores de 18 años, y fondos de CHIP en menores de 19. La regla entró en vigor el 13 de octubre. Los estados pueden seguir cubriéndolos con fondos propios, y el reglamento no afecta los servicios de salud mental.
En Puerto Rico, la regla federal llega sobre terreno ya cerrado: la Ley 63 prohíbe tanto los tratamientos como el uso de cualquier fondo público para pagarlos, y abarca tres años más de edad que la norma federal.
La línea 988: restaurada, pero con preguntas
El servicio especializado para juventud LGBTQ+ de la línea nacional de prevención del suicidio 988, conocido como “Press 3”, volvió a operar el 30 de septiembre, tras más de 14 meses de suspensión. El Congreso había ordenado destinar $33.1 millones para restablecerlo. The Trevor Project, la organización que pilotó el servicio, quedó excluida de la nueva red. La agencia federal SAMHSA explicó a The Advocate que limitar los solicitantes a centros activos de la red 988 es práctica estándar.
En Puerto Rico, las llamadas al 988 se canalizan a la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Tras la eliminación del servicio especializado en 2025, usuarios queer cuestionaron el adiestramiento del personal local en temas LGBTQ+, y una portavoz de la agencia reconoció que la alta rotación de personal debilita esa preparación.
La urgencia la miden los datos. Según la encuesta 2024 de The Trevor Project, el 40 % de la juventud LGBTQ+ en Puerto Rico consideró seriamente el suicidio en el último año y el 18 % lo intentó. Entre jóvenes trans y no binarios, el 67 % reportó síntomas de ansiedad y el 61 %, de depresión.
Votan allá, se decide acá
Los residentes de la Isla no eligen representantes con voto en el Congreso, cuya composición se define el martes. Quienes sí votan son los puertorriqueños de la diáspora en estados como Florida, Nueva York y Pensilvania.
De acuerdo con The Advocate, una encuesta de PRRI realizada en 2025 entre más de 22,000 adultos halló que el 72 % apoya las protecciones contra el discrimen hacia la comunidad LGBTQ+, incluido el 56 % de los republicanos. Esa mayoría, señala la publicación, no se ha traducido en política federal.
Ningún resultado electoral alterará por sí solo la Ley 63, que solo puede cambiarse mediante legislación local o una decisión judicial.
Dónde buscar ayuda
- Línea 988 (llamada o texto, 24/7): marcar 988; la opción 3 conecta con consejería para juventud LGBTQ+.
- Línea PAS de ASSMCA: 988 o 1-800-981-0023; chat en lineapas.assmca.pr.gov.
- The Trevor Project (jóvenes de 24 años o menos): 1-866-488-7386, o enviar START al 678678.