La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos permite que más de 20 leyes estatales restrictivas permanezcan vigentes, a pesar del rechazo de asociaciones médicas
WASHINGTON, DC
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este miércoles que los estados pueden prohibir que menores transgénero reciban tratamientos médicos de afirmación de género, una decisión histórica que representa un golpe severo para las personas trans jóvenes, sus familias y profesionales de la salud.
Con una votación de 6 a 3, el Supremo validó la ley de Tennessee que prohíbe el uso de bloqueadores de pubertad y terapias hormonales en adolescentes trans, al concluir que estas restricciones no violan la Cláusula de Igual Protección de la Enmienda 14 de la Constitución.
La mayoría conservadora del tribunal determinó que la ley estatal, conocida como el Proyecto del Senado 1 (SB1), no discrimina por identidad de género, ya que según el presidente del Tribunal, John Roberts, la medida “prohíbe a los proveedores de salud administrar bloqueadores de pubertad u hormonas a menores para tratar disforia de género, trastorno de identidad de género o incongruencia de género, sin importar el sexo del menor”.
Roberts también afirmó que el caso no ameritaba un análisis constitucional estricto, sino una revisión bajo el estándar más bajo: el de base racional. En su opinión, Tennessee regulaba procedimientos médicos, no identidades personales.
En una contundente disidencia, la jueza Sonia Sotomayor acusó a la mayoría de “abandonar a los niños trans y sus familias al vaivén político” y “hacer un daño irreparable a la Cláusula de Igual Protección”. Sotomayor, respaldada por las juezas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan (esta última en la mayoría de los argumentos), denunció que la ley de Tennessee discrimina explícitamente por sexo e identidad de género: “Un adolescente varón puede recibir medicamentos para parecerse a un niño, pero una adolescente trans no puede recibir los mismos para parecerse a una niña”.
La jueza también advirtió sobre los riesgos de negar cuidados recomendados médicamente. “El acceso a esta atención puede ser una cuestión de vida o muerte”, escribió, citando estudios que vinculan la falta de tratamiento con altos índices de depresión, ansiedad, autolesiones y suicidios en jóvenes trans.
Por su parte, Kagan, en una disidencia separada, señaló que el Supremo debió devolver el caso a los tribunales inferiores para una revisión más rigurosa bajo estándares constitucionales apropiados.
La decisión del Supremo ratifica una determinación del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, que había revocado una orden judicial contra la ley. Con este fallo, más de 20 leyes similares aprobadas en otros estados se mantendrán vigentes, a pesar de que han sido rechazadas por todas las principales asociaciones médicas del país.
Organizaciones defensoras de derechos civiles y grupos legales LGBTQ+ condenaron el fallo. “El Tribunal hoy no hizo su trabajo”, declaró Jennifer Levi, directora de derechos trans y queer en GLAD Law. “La judicatura debe ser la columna vertebral de la Constitución cuando el sistema político falla. En cambio, decidió mirar hacia otro lado”.
Chase Strangio, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y primer abogado trans en argumentar ante el Supremo, denunció que la ley niega a los jóvenes trans cuidados médicos que siguen estando disponibles para jóvenes cisgénero. Shannon Minter, del National Center for LGBTQ Rights, subrayó que esta decisión “ignora una discriminación clara” y “pone en peligro a menores solo por ser trans”.
…y en Puerto Rico
Aunque la ley de Tennessee no tiene aplicación directa en Puerto Rico, el fallo sienta un precedente vinculante para los tribunales federales en la Isla, que forma parte del Primer Circuito. Hasta el momento, en Puerto Rico no se han aprobado leyes que limiten el acceso a cuidados de afirmación de género en menores, pero legisladores conservadores han presentado proyectos dirigidos a restringir derechos de personas trans.
Grupos de derechos humanos en la isla alertan que la decisión del Supremo podría inspirar esfuerzos legislativos similares a nivel local. Además, preocupa el impacto simbólico del fallo en un contexto donde jóvenes trans ya enfrentan estigma, acoso y barreras al acceso a la salud.
