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Las tarifas pueden aumentar. Los ingresos de las familias puertorriqueñas no aumentan cada vez que el sistema eléctrico necesita más dinero
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine
Abrir la factura de electricidad en Puerto Rico se ha convertido en motivo de preocupación para muchas familias. No porque alguien pretenda que producir y distribuir energía sea gratuito, sino porque durante años el costo del servicio ha seguido aumentando mientras la estabilidad prometida continúa sin llegar.
Ahora se plantea otro aumento. La presidenta de LUMA Energy, Janisse Quiñones, estimó que la tarifa base tendría que incrementarse entre un 20 % y un 25 % anual para evitar pérdidas y mantener las inversiones necesarias en el sistema eléctrico. La cifra llega a hogares donde cualquier gasto adicional obliga a reajustar presupuestos ya comprometidos con alimentos, vivienda, medicamentos, transportación y otras necesidades esenciales.
La discusión, sin embargo, va más allá del porcentaje. Lo que provoca indignación es la distancia entre lo que se paga y el servicio que se recibe. Un aumento podría explicarse mejor si estuviera acompañado por una mejoría perceptible y sostenida, pero los apagones, las fluctuaciones de voltaje y los relevos de carga siguen formando parte de la vida cotidiana.
A este panorama se añade la cancelación del contrato de casi $6,000 millones con Power Expectations, concebido para incorporar generación temporera de emergencia. La Junta de Supervisión Fiscal retiró su aprobación después de la salida de Enchanted Rock, cuya participación había sido fundamental en la cualificación original del consorcio.
La cancelación deja interrogantes sobre la capacidad inmediata de generación. La propia presidenta de LUMA ha reconocido que el sistema no dispone de la reserva mínima necesaria durante las horas de mayor demanda y que esa insuficiencia ha persistido durante los cinco meses que lleva al frente del consorcio. Una avería o una pérdida importante de generación puede volver a colocar al país frente a nuevos relevos de carga.
Mientras las explicaciones oficiales hablan de pérdidas, inversiones, ajustes tarifarios, generación de emergencia y reconstrucción, en cualquier hogar la discusión es mucho más sencilla. Un aumento en la electricidad compite con el supermercado, la renta o la hipoteca, los medicamentos y la gasolina. También afecta a pequeños negocios, iglesias, organizaciones comunitarias y entidades sin fines de lucro que necesitan electricidad para mantener sus servicios.
Un posible aumento de hasta 25 % llega después de años de controversias, interrupciones y promesas de transformación que todavía no han producido la estabilidad esperada. Por eso también corresponde hablar de responsabilidad política. Durante las campañas electorales abundaron los compromisos relacionados con LUMA y con el futuro energético de Puerto Rico. Terminadas las elecciones, aquellas palabras tienen que medirse frente a las decisiones de quienes ahora gobiernan.
El cansancio de la gente tiene razones concretas. Los puertorriqueños han tenido que proteger sus equipos de las fluctuaciones de voltaje, mantener linternas y baterías disponibles y modificar actividades ante interrupciones que pueden ocurrir en cualquier momento. Lo que debería ser excepcional terminó incorporándose a la rutina.
Puerto Rico necesita un sistema eléctrico económicamente sostenible, pero esa responsabilidad no puede descansar una y otra vez sobre el consumidor sin exigir con el mismo rigor eficiencia, transparencia, fiscalización y resultados a quienes administran y toman decisiones sobre el sistema.
Después de tantos años de aumentos, contratos, emergencias y promesas, si nuevamente se le pide al país pagar más, también corresponde explicar cuándo comenzará a recibir un servicio acorde con lo que paga.
Las tarifas pueden aumentar. Los ingresos de las familias puertorriqueñas no aumentan cada vez que el sistema eléctrico necesita más dinero.
