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Aunque el informe no registra transfeminicidios ni lesbicidios clasificados como tales durante los primeros siete meses de 2026, el monitoreo sí recoge una muerte violenta relacionada con violencia entre personas del mismo sexo o posible crimen de odio por homofobia
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Marilyn Sierra, para Pride Society Magazine
Cuarenta feminicidios en siete meses. Sesenta y ocho intentos de feminicidio. Diecisiete menores que han quedado huérfanos. Y una larga lista de mujeres y niñas cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Las cifras recopiladas hasta el 31 de julio por el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico colocan nuevamente la violencia de género frente al país no como una sucesión de casos aislados, sino como un problema persistente que atraviesa hogares, relaciones de pareja, comunidades y generaciones.
El informe Feminicidios, Desapariciones y Violencia de Género 2026 contabiliza 40 feminicidios entre enero y julio: ocho íntimos, uno no íntimo, dos familiares y 29 que permanecen bajo investigación o sin información suficiente para establecer las circunstancias de las muertes.
Ese último número resulta particularmente revelador. Casi tres de cada cuatro de las 40 muertes contabilizadas permanecían bajo investigación o sin información suficiente al cierre del informe. En 16 de esos 29 casos se desconocía el móvil o agresor y en otros 13 se desconocía la causa de muerte o no había signos visibles de violencia.
Son números, pero detrás de cada uno hay una mujer, una familia y, en numerosos casos, hijos que tendrán que continuar sus vidas después de la violencia.

Las armas vuelven a aparecer
Entre los ocho feminicidios íntimos identificados durante los primeros siete meses del año, seis involucraron armas de fuego. Al menos dos de las armas estaban licenciadas y una no lo estaba, según el informe. Cuatro de esos feminicidios estuvieron seguidos por el suicidio del perpetrador y en otro caso hubo un intento de suicidio.
Las historias detrás de esas estadísticas permiten dimensionar lo que los porcentajes no siempre consiguen mostrar.
Alexandra Carrero Vega, de 50 años, fue encontrada muerta en Aguadilla el 1 de febrero junto a su pareja. El informe señala que allegados describieron al hombre como posesivo y celoso. El arma utilizada pertenecía al agresor, quien tenía licencia para portarla y posteriormente se suicidó. Años antes, Carrero Vega había compartido en sus redes sociales una campaña contra la violencia doméstica.
Jessica Morales Hernández, de 41 años, murió en Mayagüez el 8 de mayo. Era madre de cuatro hijos, dos de ellos menores. El informe indica que ella y el agresor estaban separados y que este se suicidó después de matarla.
Kimberly Cruz Pacheco tenía 32 años. Fue encontrada dentro de un automóvil en Cabo Rojo el 15 de mayo. Había mantenido una relación de siete años con el hombre señalado como su feminicida. En el vehículo se ocuparon dos armas: una registrada a nombre del sospechoso y otra que no estaba registrada.
Gemillies Lozada Navarro tenía 25 años cuando fue asesinada en Carolina el 26 de mayo. El informe señala que su expareja la acechó y chocó el vehículo de la joven antes del ataque.
Son escenarios diferentes con elementos que se repiten: relaciones íntimas, separaciones, control, acecho y armas.
68 mujeres y niñas sobrevivieron a intentos de feminicidio
La muerte constituye el extremo de la violencia, pero no cuenta toda la historia.
El Observatorio documentó 68 intentos de feminicidio hasta finales de julio: 63 contra mujeres y cinco contra niñas. Dos de las mujeres incluidas en esa categoría murieron posteriormente.
El dato amplía considerablemente la dimensión de la crisis. Por cada feminicidio contabilizado durante ese periodo hubo, además, múltiples mujeres o niñas que sobrevivieron a agresiones que el Observatorio clasifica como intentos de feminicidio.
El organismo comenzó a dar seguimiento específico a esta categoría precisamente porque limitar el análisis a las muertes deja fuera una parte fundamental de la violencia de género. También monitorea las muertes de hombres vinculadas a feminicidios o violencia de género, como aquellas en las que el agresor ataca a familiares, parejas u otras personas cercanas a una mujer como mecanismo de intimidación, castigo o control.
Los hijos que quedan
La violencia tampoco termina con la muerte de una mujer.
Según los datos divulgados por el Observatorio para julio, 17 menores habían quedado en estado de orfandad como consecuencia de los feminicidios.
El propio registro de casos permite observar esa dimensión familiar. Algunas víctimas eran madres de uno, dos, tres o cuatro hijos; varios eran menores de edad. En determinados casos, el hombre que asesinó a la madre era también el padre de esos niños.
La cifra transforma el feminicidio en algo que trasciende a una víctima individual. Cada asesinato puede alterar permanentemente la vida de hijos, padres, hermanos y comunidades enteras.

Desaparecidas: una cifra que necesita contexto
El tema de las desapariciones exige una precisión importante.
La comunicación divulgada junto al informe señala 58 mujeres y menores desaparecidas. Sin embargo, el documento detallado distingue entre las personas reportadas desaparecidas durante 2026 y aquellas que continúan desaparecidas desde años anteriores.
Durante 2026 se habían reportado desaparecidas 33 mujeres y menores: 21 mujeres y 12 menores. De ellas, 21 habían sido localizadas y 12 permanecían desaparecidas al cierre del informe: ocho mujeres y cuatro menores de 18 años.
A estas se añaden casos sin resolver acumulados desde años anteriores: 12 personas permanecían desaparecidas desde 2025; cuatro desde 2024; siete desde 2023; ocho desde 2022; diez desde 2021 y cinco desde 2020.
La lista revela además situaciones particularmente vulnerables. Entre las desaparecidas de 2026 figura una mujer de 84 años para quien se activó una Alerta Silver, así como menores y jóvenes vinculadas a hogares sustitutos.
Para el Observatorio, las desapariciones requieren atención especial porque pueden terminar vinculadas a feminicidios, trata u otros contextos en los que previamente estuvo presente la violencia de género.
Una estadística que todavía puede cambiar
Hay otra consideración indispensable para entender las cifras: el informe no presenta necesariamente números definitivos.
El Observatorio construye su base mediante datos abiertos obtenidos de publicaciones de prensa, notificaciones de la Policía sobre muertes violentas, asesinatos, agresiones graves y desapariciones, y posteriormente compara y triangula la información disponible con otras fuentes, incluidos el Negociado de la Policía, el Negociado de Ciencias Forenses y el Registro Demográfico.
A medida que aparecen nuevos datos, algunos casos pueden reclasificarse y los totales pueden aumentar o disminuir.
Esa metodología ayuda también a explicar por qué las cifras del Observatorio pueden diferir de otras estadísticas oficiales.
El organismo utiliza una definición amplia de feminicidio basada en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género y distingue entre feminicidios directos e indirectos. Además, considera que el análisis de la violencia de género incluye a personas LGBTQI+ cuando las agresiones están relacionadas con identidad de género u orientación sexual.
La comunidad LGBTQ+ también aparece en el mapa de violencia
Aunque el informe no registra transfeminicidios ni lesbicidios clasificados como tales durante los primeros siete meses de 2026, el monitoreo sí recoge una muerte violenta relacionada con violencia entre personas del mismo sexo o posible crimen de odio por homofobia.
Se trata de Egaldo José Oquendo Rodríguez, de 27 años, encontrado muerto con heridas de bala el 20 de junio en una estructura abandonada en Río Piedras. El caso aparece en la sección dedicada a muertes violentas de hombres relacionadas con violencia doméstica o íntima entre parejas del mismo sexo o crímenes de odio por homofobia.
La inclusión resulta particularmente pertinente para una discusión más amplia sobre violencia de género: las dinámicas de poder, intolerancia, orientación sexual e identidad de género pueden extender la violencia más allá de las categorías tradicionalmente utilizadas para medirla.
Siete meses, 40 vidas
El informe permite además observar cómo se distribuyeron las 40 muertes contabilizadas durante el año: una ocurrió en enero, ocho en febrero, cuatro en marzo, cuatro en abril, 11 en mayo, siete en junio y cinco en julio.
Mayo fue hasta entonces el mes más letal, con 11 casos.
La comparación histórica también impide interpretar 2026 de manera aislada. El Observatorio contabilizó 81 feminicidios en 2024 y 62 en 2025, mientras que para el 31 de julio de 2026 registraba 40. Las cifras históricas pueden ser revisadas posteriormente conforme se validan y reclasifican casos.
No es posible proyectar automáticamente el resultado de siete meses sobre todo un año. Pero tampoco es posible mirar 40 muertes, 68 intentos de feminicidio y menores que han perdido a sus madres y concluir que la emergencia está superada.
La pregunta que dejan los datos
El Observatorio nació precisamente para monitorear la violencia de género, producir recomendaciones de política pública y fiscalizar la respuesta gubernamental. Su creación respondió a la preocupación de organizaciones feministas y de derechos humanos por el aumento de la violencia después de los huracanes Irma y María y por las deficiencias que identificaban en servicios, seguimiento y estadísticas gubernamentales.
Ahora vuelve a colocar preguntas incómodas sobre la mesa: qué se está haciendo para prevenir la violencia antes de que ocurra, cuáles son las prioridades del gobierno y qué recursos tienen disponibles las organizaciones y albergues que atienden directamente a las sobrevivientes.
Porque contar los casos después de ocurridos es indispensable. Permite identificar patrones, exigir rendición de cuentas y evitar que las víctimas desaparezcan también de la memoria colectiva.
Pero contar nunca puede convertirse en la única respuesta.
Detrás del 40 hay 40 historias. Detrás del 68 hay sobrevivientes. Detrás del 17 hay menores que tendrán que crecer con una ausencia.
Y detrás de cada nueva cifra permanece la misma pregunta: cuántas mujeres más tendrán que formar parte de una estadística antes de que la prevención ocupe el lugar central de la respuesta pública.

