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Organizaciones rechazan criminalización de la migración y promueven un Puerto Rico solidario con las comunidades inmigrantes
SAN JUAN, Puerto Rico
Cuatro organizaciones de derechos humanos y justicia social anunciaron esta semana el lanzamiento oficial de la campaña Migrar no es un crimen, un esfuerzo conjunto para denunciar la violencia institucional contra comunidades inmigrantes en Puerto Rico y promover una cultura de solidaridad, dignidad y resistencia.
La iniciativa surge de la colaboración entre Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, en respuesta al incremento de violaciones a derechos humanos como consecuencia de las redadas federales en el archipiélago desde enero de este año, que han resultado en más de 900 detenciones, en su mayoría de personas sin récord criminal.
“Las políticas migratorias actuales, impulsadas desde Washington con la complicidad del gobierno de Puerto Rico, son actos de extrema violencia institucional. En un país marcado por el colonialismo, no podemos ser cómplices del abuso contra pueblos hermanos que comparten historia, geografía y cultura. Migrar es un derecho, no es un crimen. No aceptamos el encarcelamiento masivo, el abuso y las violaciones de derechos a personas inmigrantes a lo largo de todo Estados Unidos y de nuestro archipiélago. Resistir esta criminalización es un deber ético y político”, expresó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.
Lanzamiento frente a oficinas de ICE
El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa frente al edificio que alberga las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y la Corte de Inmigración en Puerto Rico, en la zona de San Patricio en Guaynabo. La convocatoria se presentó como un acto de protesta y denuncia contra las violaciones de derechos civiles y humanos de personas inmigrantes, tanto dentro del edificio como en las calles del país.
Alcance y objetivos de la campaña
La campaña tendrá presencia en redes sociales, vallas publicitarias, radio, carteles en la calle, espacios educativos, voceteo comunitario y en el portal sacalacarapr.com, donde se ofrecerán recursos de apoyo, herramientas legales y formas de activarse en solidaridad con las comunidades.
Entre los reclamos principales, las organizaciones exigen:
- Política de santuario y no cooperación con agencias migratorias federales.
- Protecciones legales y humanitarias para personas migrantes, incluyendo acceso igualitario a salud, educación, vivienda y defensa legal sin importar estatus migratorio.
- Uso de los recursos públicos municipales y estatales en beneficio del pueblo, no de agencias federales.
- Descriminalización de la migración y fin del encarcelamiento de personas migrantes.
La campaña #MigrarNoEsUnCrimen también contempla actividades educativas y artísticas en distintas comunidades, talleres de defensa migratoria y jornadas de acompañamiento legal.
“Migrar es un derecho humano reconocido por el derecho internacional, no un crimen. Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, este derecho está protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Estados Unidos es parte de estos convenios y no está exento de cumplir con las obligaciones allí expresadas”, afirmó Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU de Puerto Rico.
“La propia legislación federal reconoce que las personas migrantes deben tener la oportunidad de ser escuchadas, de solicitar asilo u otras medidas de protección. Estados Unidos tiene que proveer alternativas adecuadas y justas, que no pongan en peligro la vida y la dignidad humana de las personas migrantes que se encuentran en su territorio”, añadió la abogada.
Llamado a la solidaridad
La campaña busca visibilizar y denunciar el autoritarismo en la política federal contra personas migrantes y la colaboración del gobierno estatal, así como reivindicar la historia migratoria de Puerto Rico. También impulsa cambios estructurales en las políticas migratorias a nivel estatal y federal, ofreciendo guías y recursos para la defensa comunitaria desde una perspectiva de solidaridad.
“Puerto Rico tiene una historia migratoria que nos obliga a ser solidarios. En vez de alentar la persecución y el racismo, tenemos que abrazar el compromiso con los derechos humanos”, señaló Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico.
“Esta campaña no solo denuncia, también construye. Invitamos a las comunidades a organizarse, cuidarse, acompañarse y a resistir juntas. Estamos sembrando redes de apoyo para defender la vida”, subrayó Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe.
