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Hace diez años, el fallo Obergefell v. Hodges marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. No fue un regalo político, ni un capricho judicial: fue el reconocimiento jurídico de que el amor y el compromiso entre dos personas, sin importar su sexo, merecen igual dignidad y protección bajo la ley. Fue el día en que miles de familias dejaron de ser invisibles a los ojos del Estado. Fue justicia.
Hoy, esa justicia está bajo amenaza. La Corte Suprema ha sido formalmente solicitada para revertir el fallo que reconoció el matrimonio igualitario. Según informó ABC News, Kim Davis —la exfuncionaria de Kentucky que en 2015 se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo— pidió a la Corte que “corrija” Obergefell, calificándolo de “egregiously wrong” (“gravemente equivocado”). No se trata solo de una persona o de un pleito legal; se trata de un eco peligroso: la idea de que los derechos conquistados pueden ser borrados si cambian las mareas políticas o las interpretaciones judiciales.
El impacto ya se siente. Time recuerda que comentarios previos de jueces conservadores, como Clarence Thomas en 2022, ya habían abierto la puerta a reexaminar el fallo. The Washington Post señala que, desde 2015, el número de matrimonios entre personas del mismo sexo se ha más que duplicado —de unas 390 000 parejas a casi un millón en 2023— y que el apoyo público alcanzó cerca del 70 %, aunque parece haberse estancado. El Williams Institute advierte que, si Obergefell fuera revertido, 31 estados podrían aplicar leyes o enmiendas constitucionales que prohíben el matrimonio igualitario, dejando a cientos de miles de familias en situación legal vulnerable.
En redes sociales, las reacciones son claras y firmes. Una usuaria en Reddit escribe: “It’s not about getting anything done, it’s an attempt to demoralize … Never give up, and never stop fighting” (“No se trata de lograr algo, es un intento de desmoralizar… Nunca te rindas y nunca dejes de luchar”). Otra resume el momento histórico: “History is a pendulum, we’re currently riding out a downswing in the wrong direction, but we will move forward again” (“La historia es un péndulo; ahora estamos en un retroceso en la dirección equivocada, pero volveremos a avanzar”).
La pregunta es más profunda que un sí o un no al matrimonio igualitario. La pregunta es: ¿qué lenguaje estamos hablando como nación? ¿Es el lenguaje de la inclusión, la igualdad y el respeto a la dignidad humana, o es el lenguaje del retroceso, el miedo y la exclusión? Cada decisión judicial envía un mensaje, y el mensaje de un retroceso sería claro: que la igualdad no es un derecho inamovible, sino una concesión temporal.
Como comunidades de fe, como organizaciones civiles, como vecinos y como familias, debemos preguntarnos también: ¿cómo nos preparamos para enfrentar retrocesos como este? No basta con indignarse en el momento de la crisis. Es necesario educar, movilizar, acompañar y construir redes que protejan y afiancen los derechos humanos, incluso antes de que estén en riesgo.
Este no es un asunto exclusivo de la comunidad LGBTIQ+. Es una cuestión que toca el corazón mismo de nuestra democracia: si un derecho puede ser arrebatado a un grupo, ningún derecho está seguro para nadie. La historia nos recuerda que el silencio y la indiferencia son cómplices del retroceso.
No es momento de bajar la voz ni de caer en la trampa de un lenguaje que disfraza la exclusión de “libertad religiosa” o “tradición”. La verdadera libertad religiosa nunca se ha tratado de imponer creencias sobre las vidas y los derechos de los demás. La verdadera tradición que vale la pena defender es la de ampliar el círculo de la dignidad humana, no estrecharlo.
Hoy, más que nunca, necesitamos un lenguaje común que diga con claridad: los derechos humanos no se negocian, no se votan, no se condicionan. Se reconocen, se respetan y se protegen. Y necesitamos la voluntad de sostener ese lenguaje con acciones concretas, con la certeza de que lo que está en juego no es solo un fallo judicial, sino el alma moral de una nación.

