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Vivir pendiente del regreso del servicio nunca debió convertirse en una costumbre colectiva
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine
Hay momentos en que una sociedad deja de medir su bienestar por las grandes obras que inaugura y comienza a medirlo por aquello que ya no puede garantizar. En Puerto Rico hemos llegado a ese punto con el agua. Lo que debería ser el recurso más seguro y accesible se ha convertido en motivo de incertidumbre para miles de familias que cada día abren un grifo sin saber si encontrarán lo más básico para vivir.
El agua no es un privilegio. El agua es un derecho humano. Sin embargo, basta recorrer hoy las calles de San Juan y conversar con quienes viven esta crisis para comprender que ese derecho hace demasiado tiempo comenzó a debilitarse.
No se trata de una avería aislada ni de una emergencia provocada por un fenómeno natural. Lo que vivimos es el resultado de años de abandono, de una infraestructura que envejeció sin recibir las inversiones necesarias, de tuberías que se rompen una y otra vez, de estaciones de bombeo que dejan de operar por la inestabilidad del sistema eléctrico y de un mantenimiento que casi siempre llega después de que el problema estalla. Las explicaciones cambian. Las consecuencias siguen siendo las mismas.
La historia se repite con una frecuencia alarmante. Un día es la rotura de una línea principal. Otro día es la falta de energía para bombear el agua. Después aparece una contaminación inesperada. En distintos momentos hemos conocido noticias que jamás debieron formar parte de la cotidianidad de un país. Se han reportado hallazgos de cadáveres en cuerpos de agua y episodios de contaminación que obligan a cerrar fuentes de abasto mientras las autoridades realizan investigaciones. Cada incidente genera preocupación, promesas de reparación y anuncios de mejoras. Pasan los días y la realidad vuelve a imponerse.
Mientras tanto, miles de personas intentan organizar su vida alrededor de la incertidumbre. Hay comunidades que llevan meses sufriendo interrupciones constantes. En sectores como Villa Palmeras y Monteflores, en Santurce, el agua, cuando llega, muchas veces lo hace con tan poca presión que resulta imposible llenar una cisterna antes de que vuelva a desaparecer. Familias enteras viven pendientes del sonido de una tubería porque saben que cualquier descuido puede significar pasar varios días más sin una sola gota.
Las consecuencias no terminan en el interior de una vivienda. Restaurantes reducen operaciones o cierran sus puertas. Comercios suspenden servicios. Escuelas, iglesias y centros comunitarios modifican sus actividades. La higiene deja de ser un asunto cotidiano para convertirse en una preocupación permanente. Los hospitales y hogares de ancianos dependen de planes de contingencia. El turismo también recibe el impacto de una ciudad incapaz de garantizar un servicio tan elemental como el agua potable.
Los camiones cisterna representan un alivio para muchas familias, pero están muy lejos de resolver la dimensión del problema. La demanda supera con facilidad la capacidad disponible. Tan crítica ha sido la situación que varios alcaldes decidieron enviar camiones de sus municipios para apoyar la distribución de agua en la capital. Ese gesto merece reconocimiento, pero también revela una realidad preocupante. Un derecho fundamental no debería depender de medidas improvisadas ni de la solidaridad entre municipios para poder garantizarse.
Lo más peligroso de todo es que comenzamos a acostumbrarnos. Aprendimos a almacenar cubos, a llenar envases cuando aparece el servicio, a cambiar horarios, a posponer tareas y a vivir pendientes de los comunicados oficiales. Poco a poco hemos normalizado lo que nunca debió convertirse en una costumbre.
El agua no puede seguir siendo una promesa. No puede depender del barrio donde una persona vive, de la presión que llegue a su calle o de la capacidad económica para comprar una cisterna, instalar una bomba o adquirir agua embotellada. Un derecho deja de ser verdaderamente universal cuando solo algunos pueden ejercerlo con tranquilidad.
Puerto Rico merece una infraestructura moderna, planificación responsable, transparencia en la administración de los recursos públicos y decisiones capaces de mirar más allá de la próxima conferencia de prensa. Merece soluciones que no duren hasta la siguiente rotura. Merece recuperar la confianza en un servicio esencial para la vida.
Porque cuando el agua deja de ser un derecho, el problema ya no es únicamente la ausencia de un servicio. Lo que comienza a faltar es la certeza de que las instituciones están cumpliendo con una de sus responsabilidades más básicas. Y cuando un pueblo pierde esa certeza, la crisis deja de correr por las tuberías. Empieza a correr por el corazón mismo de la sociedad.