Para diversos sectores del país, lo que está por convertirse en ley no es un derecho, sino una puerta abierta a la discriminación institucional
SAN JUAN, Puerto Rico
Redacción Pride Society Magazine
El Senado de Puerto Rico aprobó este jueves, con 18 votos a favor, el Proyecto del Senado 1 (PS 1), una medida que sus críticos denuncian como un intento por legalizar el discrimen contra sectores vulnerables, en especial contra la comunidad LGBTQ+, bajo el argumento de proteger la libertad religiosa.
La legislación, impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista, y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, establece la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”. La pieza legislativa busca garantizar acomodos razonables a empleados públicos y profesionales regulados por el Estado —como médicos, abogados y trabajadores sociales— para que puedan abstenerse de ofrecer servicios si estos contravienen sus creencias religiosas.
“Este proyecto se va a convertir en una ley y habremos, de este modo, cumplido la palabra empeñada con el pueblo de Puerto Rico que nos eligió”, expresó Rivera Schatz al defender su medida. “Sin quitarle nada a nadie, sin atropellar a nadie, pero, obviamente, sin ceder y sin claudicar a las cosas en las que creemos”.
La senadora Rodríguez Veve, por su parte, sostuvo que “el lenguaje es contundente, nadie, nadie se va a quedar sin recibir los servicios por parte del Gobierno”, aunque admitió que el acomodo razonable se hará “en la medida que se pueda”.
La medida fue aprobada tras dos horas de discusión legislativa y ante gradas llenas de manifestantes a favor y en contra del proyecto. Votaron en contra los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la senadora Ada Álvarez Conde del Partido Popular Democrático (PPD) y el senador independiente Eliezer Molina Pérez. El senador popular Luis Javier Hernández se abstuvo.
Amplios alcances y polémicas enmiendas
Además de establecer la nueva ley, el PS 1 enmienda significativamente la Ley 25-1983 sobre inmunización compulsoria. Entre otras cosas, permite que padres, madres o tutores se nieguen a vacunar a sus hijos en nombre de sus creencias religiosas, incluso durante emergencias de salud pública como la pandemia del COVID-19. Asimismo, impide que el Estado imponga sanciones —como multas o cárcel— por decisiones tomadas bajo ese argumento.
Una de las disposiciones más controversiales es la Sección 5, inciso 4, que establece que “el derecho a la libertad religiosa comprende tanto el derecho de actuar, así como el de abstenerse de actuar, conforme a las creencias religiosas que se ostentan”. Mientras, la Sección 17 ordena a los patronos públicos a buscar “acomodos razonables” para evitar “vejámenes, vergüenzas y pérdidas de tiempo”.
En la Sección 16, que prohíbe discrimen por edad, raza, sexo, ideas políticas o religiosas, origen étnico, orientación u otras clasificaciones, se eliminó la frase “identidad de género”, lo que ha sido ampliamente condenado por activistas.
Oposición firme desde las minorías
Luis Javier Hernández, portavoz del PPD en el Senado, fue enfático en que “esta medida, so pretexto de nuestras creencias religiosas, utiliza el lenguaje y lo abre para la discriminación”. A su juicio, el proyecto contradice la misma Constitución que dice proteger: “Nuestra Constitución establece que la dignidad del ser humano es inviolable, y que todos somos iguales ante la ley… Sin embargo, esta medida… choca con otras disposiciones”.
El senador también denunció que “el que les diga a ustedes que este proyecto es para trabajar o atender el asunto de la vacunación es un hipócrita, como decía Jesús. Esto tiene ramificaciones más serias”.
María de Lourdes Santiago, portavoz del PIP, condenó el PS 1 como un intento por institucionalizar el discrimen. “Es un proyecto que permite, que fomenta, que promueve la distinción a base de creencias individuales… La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño se opone a esta legalización del discrimen”, expresó.
Desde una perspectiva personal, el senador independiente Eliezer Molina compartió una experiencia dolorosa: “Tuve que vivir el discrimen, ver a tu propia familia agrediendo a tu propio familiar… porque su estúpida religión decía que eso era inmoral, pero para ellos la agresión no era inmoral. Estaban haciendo cumplir la palabra del Señor”.
Rechazo de sectores de derechos humanos
Tras la aprobación, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció enérgicamente la medida. Pedro Julio Serrano, presidente de la organización, advirtió que esta “abre la puerta para que los servidores públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno”.
“Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito”, denunció.
Ivana Fred Millán, directora de la Federación, acusó a los senadores del PNP de traicionar a votantes LGBTQ+: “No sé con qué cara mirarán a sus familiares, correligionarios y amigos que son de la comunidad LGBTQ+”.
Por su parte, Justin Jesús Santiago, tesorero de la organización, señaló que eliminar la identidad de género como categoría protegida “le echa sal a la herida”, y advirtió que deja en vulnerabilidad a las personas trans al “abrir, de par en par, las puertas al discrimen legalizado”.
Los portavoces de la Federación exigieron a la Cámara de Representantes detener el proyecto y convocar vistas públicas para evaluar sus implicaciones. “En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan”, declararon.
Camino a convertirse en ley
El presidente del Senado adelantó que está en conversaciones con la Cámara de Representantes y la gobernadora Jenniffer González, quienes —según dijo— están en disposición de convertir el proyecto en ley próximamente. “Muy pronto se convertirá en ley, por fin, el derecho a la libertad religiosa”, afirmó Rivera Schatz.
Esta fue la votación:
EN CONTRA:
1. Sen. María de Lourdes Santiago (PIP)
2. Sen. Adrián González (PIP)
3. Sen. Ada Álvarez Conde (PPD)
4. Sen. Eliezer Molina (independiente)
ABSTENIDO:
1. Sen. Luis Javier Hernández (PPD)
A FAVOR:
1. Sen. Jamie Barlucea Rodríguez (PNP)
2. Sen. Luis Daniel Colón La Santa (PNP)
3. Sen. José L. Dalmau Santiago (PPD)
4. Sen. Héctor Gabriel González López (PNP)
5. Sen. Marissa Jiménez Santoni (PNP)
6. Sen. Gregorio Matias Rosario (PNP)
7. Sen. Juan Oscar Morales Rodríguez (PNP)
8. Sen. Migdalia Padilla Alvelo (PNP)
9. Sen. Brenda Pérez Soto (PNP)
10. Sen. Wilmer Reyes Berríos (PNP)
11. Sen. Thomas Rivera Schatz (PNP
12. Sen. Joanne Rodríguez Veve (PD)
13. Sen. Karen M. Román Rodríguez (PNP)
14. Sen. Jeison Rosa Ramos (PNP)
15. Sen. Héctor J. Sánchez Álvarez (PNP)
16. Sen. Rafael Santos Ortiz (PNP)
17. Sen. Roxanna I. Soto Aguilú (PNP)
18. Sen. Ángel Toledo López (PNP)