La ACLU ya adelantó que tomará acciones legales para frenar la implementación de la orden
WASHINGTON, DC
Apenas nueve días después de haber asumido nuevamente la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Eliminando la Indoctrinación Radical en la Educación K-12”, la cual busca restringir la enseñanza de temas relacionados con la equidad racial y de género en las escuelas públicas que reciben fondos federales. La medida ha generado un intenso debate, especialmente por su impacto en políticas educativas estatales y su posible enfrentamiento con normativas de derechos civiles.
La orden, que establece una serie de restricciones sobre los contenidos que pueden enseñarse en las aulas, también reinstaura la Comisión 1776, un órgano previamente creado por Trump para promover una enseñanza “patriótica” de la historia estadounidense.
Un paso clave en la agenda educativa del nuevo mandato de Trump
Desde su campaña electoral de 2024, Trump hizo de la educación un tema central de su discurso, prometiendo erradicar lo que considera un “adoctrinamiento progresista” en las escuelas. Esta orden ejecutiva es una de las primeras acciones concretas de su administración para cumplir esa promesa.
“La educación debe enfocarse en el conocimiento, no en la ideología radical”, dijo Trump en un comunicado tras firmar la orden. “No permitiremos que nuestros niños sean enseñados a odiar su país o a dudar de quiénes son por su raza o género. Vamos a devolverle a los padres el control sobre lo que sus hijos aprenden en las escuelas públicas”.
Entre las disposiciones más relevantes de la orden ejecutiva se encuentran:
- Prohibición de la enseñanza de la llamada “ideología de equidad discriminatoria”, que, según la administración Trump, clasifica a los estudiantes como víctimas u opresores en función de su raza, género o identidad.
- Restricciones a la enseñanza de temas sobre identidad de género, incluyendo sanciones contra escuelas que permitan la “transición social” de menores sin la aprobación de sus padres.
- Eliminación de fondos federales a escuelas que, según el gobierno, promuevan programas relacionados con diversidad, equidad e inclusión que contradigan la definición de “educación patriótica” establecida en la orden.
- Mayor fiscalización sobre el acceso a baños y espacios segregados por género, con el argumento de proteger la privacidad de los estudiantes.
- Reactivación de la Comisión 1776, un órgano creado en 2020 por Trump con el propósito de promover una enseñanza “patriótica” de la historia estadounidense, pero que fue eliminado por el presidente Joe Biden en 2021.
Posibles litigios y desafíos legales
Desde su anuncio, la orden ejecutiva ha sido objeto de intensas críticas y podría enfrentar desafíos en los tribunales, especialmente en estados con gobiernos demócratas. Expertos en derecho constitucional han advertido que la medida podría violar derechos protegidos por leyes federales como el Título IX, que prohíbe la discriminación basada en el sexo en instituciones educativas, y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), que garantiza ciertos derechos a los estudiantes y sus familias.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ya ha adelantado que tomará acciones legales para frenar la implementación de la orden. “Esta es una ofensiva contra la educación inclusiva y una violación flagrante de los derechos de estudiantes y familias en todo el país”, afirmó Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU.
Asimismo, gobernadores de estados como California y Nueva York han anunciado que sus sistemas educativos no acatarán la medida y que, de ser necesario, acudirán a los tribunales para defender la autonomía curricular de los distritos escolares. “No permitiremos que se imponga una visión retrógrada y políticamente motivada sobre lo que nuestros niños aprenden en las aulas”, declaró la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.
El futuro de la educación en EE.UU.
La firma de esta orden ejecutiva marca un punto de inflexión en la política educativa de Estados Unidos bajo el nuevo mandato de Trump. Mientras sectores conservadores la celebran como un esfuerzo por restaurar lo que consideran una educación libre de influencias ideológicas, grupos progresistas y defensores de los derechos civiles la denuncian como un intento de censura y exclusión.
A corto plazo, la implementación de la medida dependerá de cómo reaccionen los estados y los distritos escolares, así como del posible bloqueo de la orden en tribunales. Con una nación cada vez más polarizada en cuestiones culturales y educativas, el debate sobre qué se enseña en las escuelas públicas promete seguir siendo un tema central en la agenda política del país.