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El resurgimiento global de las terapias de conversión
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, para Pride Society Magazine
En los últimos años, prácticas pseudoterapéuticas que intentan “curar” la homosexualidad o la transexualidad —conocidas como terapias de conversión— han comenzado a resurgir en diversos contextos sociopolíticos. Estas prácticas han sido ampliamente condenadas por organismos científicos como la Asociación Americana de Psicología y la Organización Mundial de la Salud, que las consideran ineficaces y profundamente dañinas. Diversos estudios las asocian con un mayor riesgo de depresión, ansiedad y conductas suicidas en las personas LGBTIQ+ sometidas a ellas.
La Asociación Americana de Psiquiatría declaró en 2018: “La terapia de conversión no solo es ineficaz, sino potencialmente dañina, y puede provocar depresión, ansiedad y conductas suicidas”. La ONU, por su parte, advirtió en 2020 que estas prácticas pueden equivaler a tortura y deben ser prohibidas a nivel mundial.
Sin embargo, al calor de una nueva ola de gobiernos de derecha en distintas partes del mundo, estas terapias vuelven a encontrar espacio y legitimidad en discursos oficiales, legislaciones permisivas o acciones encubiertas.
Este artículo investigativo busca revelar cómo el avance de políticas conservadoras en países como Estados Unidos, Argentina y varias naciones europeas ha creado un clima propicio para el resurgimiento —directo o disimulado— de estas prácticas. Además, explora cómo se insertan en una agenda ideológica más amplia que pretende restringir derechos adquiridos por las comunidades LGBTIQ+.
Estados Unidos bajo presión legal y cultural
En Estados Unidos no existe una prohibición federal de las terapias de conversión. A partir de 2024, 23 estados han prohibido su aplicación en menores, pero otros 22 las permiten o carecen de regulación específica. Organizaciones como Alliance Defending Freedom han interpuesto demandas en tribunales para impugnar estas prohibiciones, argumentando que violan la libertad de expresión y religiosa. En 2023, la Corte Suprema aceptó revisar la constitucionalidad de estas leyes, lo que podría tener un impacto directo en las regulaciones estatales.
Además, investigaciones del Trevor Project revelan que los jóvenes LGBTIQ+ sometidos a esfuerzos de cambio de orientación sexual presentan tasas significativamente más altas de intentos de suicidio. Según su informe de 2022, el 28% de los jóvenes LGBTIQ+ que fueron sometidos a estas terapias intentaron suicidarse, comparado con el 12% entre quienes no lo fueron.
En Kentucky, en marzo de 2023, la legislatura estatal anuló un veto del gobernador y aprobó una ley que permite a profesionales ofrecer estas terapias. “Estamos luchando contra una ideología dañina que confunde a los jóvenes”,declaró el senador estatal Stephen Meredith (Partido Republicano). Estas políticas forman parte de una ofensiva legal y cultural más amplia contra los derechos de las personas trans, el acceso a tratamientos afirmativos y la educación inclusiva.
Argentina en alerta ante el uso político de la diversidad
Aunque Argentina fue pionera en América Latina en legalizar el matrimonio igualitario y aprobar una ley de identidad de género, el cambio político que trajo consigo el gobierno de Javier Milei ha supuesto una amenaza concreta. En 2025, se prohibieron los tratamientos de afirmación de género para menores, derogando parcialmente la Ley de Identidad de Género. El discurso presidencial ha equiparado la diversidad sexual con abuso infantil y ha utilizado expresiones homofóbicas en foros internacionales. En Davos, Milei afirmó: “La ideología de género es una aberración que destruye a nuestros niños y a la familia”.
En este contexto, si bien las terapias de conversión no son legales ni médicamente avaladas, tampoco están explícitamente prohibidas a nivel nacional. Testimonios recientes recogen la persistencia de prácticas encubiertas en espacios religiosos, especialmente en provincias del norte argentino. Gastón Onetto, sobreviviente de una de estas terapias en Córdoba, relató: “Me llevaron a un campamento de oración. Me dijeron que si oraba fuerte y tenía fe, Dios iba a sacarme el demonio de la homosexualidad. Fue una tortura emocional” (entrevista en Página/12, 2023).
El vacío legal y el clima político actual facilitan el resurgimiento de estas prácticas, mientras la sociedad civil exige una legislación específica que las prohíba y sancione. Un proyecto de ley para prohibir las ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género) fue presentado en 2022, pero no ha avanzado en el Congreso.
Europa dividida entre el avance del odio y la resistencia fragmentada
En Europa, solo ocho países han prohibido completamente las terapias de conversión, entre ellos Alemania, Francia y Malta. En otros, como España, Polonia o Italia, estas prácticas sobreviven gracias a ambigüedades legales, falta de fiscalización o retrocesos políticos.
En Madrid, la coalición del Partido Popular con VOX ha impulsado reformas legales que eliminan cláusulas específicas contra estas terapias. Aunque se mantiene la prohibición formal, se debilita su aplicabilidad. “Eliminar artículos que sancionan la conversión envía el mensaje de que estas prácticas ya no importan”, afirmó Uge Sangil, presidenta de la FELGTBI+, en una entrevista a RTVE en noviembre de 2023.
En Polonia, bajo el gobierno del partido Ley y Justicia, el país acogió en 2022 el congreso de la IFTCC, con participación de grupos religiosos y psicólogos promotores de la conversión. El psicólogo eslovaco Miroslav F., uno de los oradores, expresó: “La homosexualidad es un desvío reparable. Nosotros ofrecemos esperanza a quienes quieren volver a la normalidad” (documentado por OpenDemocracy, 2022).
En el Reino Unido, el gobierno conservador prometió en 2018 una prohibición total, pero hasta 2025 no ha materializado la ley. “La demora es inadmisible. Cada mes que pasa hay más víctimas”, denunció Jayne Ozanne, activista y sobreviviente de una terapia de conversión, en entrevista con The Guardian.
La red invisible que conecta discursos y financiamiento
El resurgimiento de estas terapias no es un fenómeno aislado. Diversas organizaciones como la International Federation for Therapeutic and Counselling Choice (IFTCC), CitizenGo y la ADF promueven agendas globales con recursos millonarios y estrategias legales coordinadas. Estas organizaciones tienen presencia en foros internacionales, organismos multilaterales y redes políticas conservadoras.
En su informe de 2020, el Relator Especial de la ONU sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, afirmó: “Las terapias de conversión pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso tortura. No hay ninguna justificación médica, científica ni ética para su práctica”.
Más allá de la derecha causas estructurales que perpetúan la violencia
Aunque la derecha política ha sido protagonista del resurgimiento de estas prácticas, hay factores estructurales más amplios. El miedo al cambio cultural, la debilidad en la implementación de leyes inclusivas, la falta de educación en diversidad sexual y la invisibilidad mediática de las víctimas son condiciones que permiten que estas terapias resurjan incluso en contextos aparentemente progresistas.
A esto se suma el silencio o la pasividad de sectores religiosos moderados y profesionales de la salud que, por miedo o desconocimiento, no denuncian ni intervienen ante estas violencias. “No se trata solo de cambiar leyes, sino de cambiar corazones y mentalidades. Mientras haya familias que crean que su hijo es un error, habrá quien ofrezca ‘soluciones’ peligrosas”, señaló Helena Ancos, psicóloga española experta en salud comunitaria (El País, 2022).
Lo que está en juego vidas, dignidad y derechos humanos
Las terapias de conversión constituyen una forma de violencia sistemática contra las personas LGBTIQ+. Su resurgimiento es una señal de alerta no solo política, sino humanitaria. Frente a esta realidad, los Estados deben garantizar marcos legales firmes que prohíban estas prácticas, promover campañas de sensibilización pública, apoyar a las víctimas y desmantelar las redes que las promueven.
No se trata solo de resistir, sino de construir una cultura de inclusión y respeto basada en la evidencia científica y los derechos humanos.
La memoria de quienes sobrevivieron, y la dignidad de quienes aún luchan, nos obliga a actuar.