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La ciudadanía evalúa a sus gobernantes no por sus mensajes, sino por las respuestas que ofrece a los problemas del país
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine
Hay momentos en la vida política de un país en los que los acontecimientos dejan de poder analizarse por separado. Las controversias, las renuncias, los nombramientos cuestionados y los conflictos internos terminan formando parte de un mismo cuadro. Puerto Rico parece encontrarse precisamente en uno de esos momentos.
Durante los pasados meses, la administración de Jenniffer González ha enfrentado una sucesión de controversias que van desde cuestionamientos a nombramientos hasta la salida de funcionarios de alto nivel. El caso que involucra al secretario de la Gobernación, las renuncias registradas en agencias importantes y los constantes episodios que obligan al gobierno a ofrecer explicaciones públicas han dejado de percibirse como incidentes aislados. Vistos en conjunto, plantean interrogantes legítimas sobre la estabilidad y la capacidad de conducción de la administración.
El problema no radica únicamente en quién entra o quién sale del gabinete. Los cambios de funcionarios son parte de cualquier gobierno. Lo que merece atención es la frecuencia con que estas situaciones se repiten y la sensación de improvisación que terminan proyectando. Cuando las controversias se convierten en una constante, la discusión deja de girar alrededor de las personas involucradas y comienza a trasladarse hacia la estructura misma del gobierno.
Por eso, la pregunta de fondo no es quién será el próximo funcionario en abandonar una posición o enfrentar cuestionamientos públicos. La pregunta es si Puerto Rico enfrenta una crisis de gobernabilidad.
La gobernabilidad no se mide solamente por la capacidad de ocupar puestos o emitir comunicados. También depende de la confianza que inspira un gobierno, de la credibilidad de su palabra y de la percepción de que existe una dirección clara para atender los problemas del país. Cuando esa confianza comienza a debilitarse, la capacidad de gobernar también se resiente.
Ese es el contexto en el que deben observarse los problemas que afectan diariamente a la ciudadanía. La fragilidad del sistema energético, las interrupciones en el suministro de agua, la crisis de acceso a vivienda, la dificultad para obtener servicios de salud y la continua salida de profesionales no son asuntos desconectados de la discusión política. Constituyen el escenario sobre el cual la población evalúa el desempeño de quienes ocupan el poder.
Ninguno de esos problemas nació con la actual administración. Sin embargo, todo gobierno es juzgado por la manera en que responde a los desafíos de su tiempo. Esa es la naturaleza misma del ejercicio del poder.
Lo que comienza a percibirse entre amplios sectores de la población es una creciente distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana del país. Mientras desde La Fortaleza se insiste en proyectar estabilidad y control, muchas personas experimentan incertidumbre. Esa diferencia entre lo que se comunica y lo que se vive termina teniendo consecuencias políticas.
La historia demuestra que los gobiernos rara vez se desgastan por un único escándalo. Lo que erosiona la confianza pública es la acumulación. Una controversia añade nuevas dudas. Las explicaciones que no convencen alimentan el escepticismo. Las promesas que no se materializan terminan debilitando la credibilidad institucional.
En ese sentido, el verdadero desafío que enfrenta la administración no es únicamente responder a la controversia más reciente. El desafío consiste en recuperar la confianza de una ciudadanía que observa cómo se multiplican los conflictos internos mientras los problemas estructurales continúan esperando respuestas.
Puerto Rico necesita mucho más que una estrategia de comunicación efectiva. Necesita un gobierno capaz de transmitir certeza en medio de la incertidumbre, capacidad de ejecución frente a los problemas y coherencia entre lo que promete y lo que finalmente hace.
La discusión pública no debería limitarse al próximo escándalo ni a la próxima renuncia. Lo verdaderamente importante es determinar si existe una ruta clara para enfrentar los desafíos que condicionarán el futuro del país durante los próximos años.
Porque las controversias eventualmente desaparecen de los titulares. Lo que permanece son sus consecuencias.
Y cuando un gobierno dedica demasiado tiempo a gestionar crisis políticas, corre el riesgo de perder la capacidad de atender las crisis reales que afectan a la población. En ese momento la discusión deja de centrarse en funcionarios, nombramientos o estrategias partidistas. Lo que entra en juego es algo mucho más profundo: la capacidad del gobierno para conservar la confianza pública y ejercer un liderazgo efectivo. Es entonces cuando comienza a hacerse evidente una erosión de la gobernabilidad.