Share This Article
Desde bloquear atención médica hasta recortar fondos contra el VIH: el mapa completo de una campaña sin tregua
Servicios Combinados
Entre principios de junio y finales de julio de 2026, el gobierno de Donald Trump intensificó su campaña contra las personas LGBTQ+, con la comunidad transgénero como blanco casi exclusivo. En apenas dos meses, distintas agencias federales abrieron investigaciones contra escuelas, presionaron a hospitales para que dejaran de ofrecer atención de afirmación de género, intentaron restringir fondos para VIH/sida y buscaron revertir protecciones militares y carcelarias para personas trans. Mientras tanto, varios tribunales frenaron parte de esas medidas, aunque el Tribunal Supremo avaló una de las políticas más severas de la administración.
Salud y atención de afirmación de género bajo asedio. El 5 de junio, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con la Cleveland Clinic para poner fin a la atención de afirmación de género en menores de edad, incluyendo bloqueadores de pubertad y terapia hormonal. El centro médico de Ohio no admitió responsabilidad, pero aceptó pagar 308,000 dólares por señalamientos de facturación fraudulenta y destinar 2 millones adicionales a servicios de destransición.
Días después, el 16 de junio, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, adscrita al Departamento de Salud) propuso exigir a los centros de salud con fondos federales que reporten si ofrecen bloqueadores de pubertad, terapia hormonal o cirugías de transición a pacientes menores de 19 años. Organizaciones defensoras advirtieron que esa información podría usarse para identificar y perseguir a proveedores de salud.
El 13 de julio, el Departamento de Salud abandonó una propuesta que buscaba bloquear fondos de Medicare y Medicaid a hospitales que atienden a jóvenes trans (en agosto se implementó una versión reducida, limitada solo a Medicaid). Un día después, el 14 de julio, esa misma agencia eliminó formalmente una norma de la era Biden que obligaba a estados y tribus a garantizar que menores LGBTQ+ en hogares de crianza tuvieran acceso a colocaciones afirmativas y protección contra el maltrato.
El 17 de junio, la Comisión Federal de Comercio y los fiscales generales republicanos de Alaska, Iowa, Nebraska y Texas demandaron a la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH), acusándola de promover atención de afirmación de género para menores mediante afirmaciones engañosas.
Educación: una ola de investigaciones bajo el Título IX. El Departamento de Educación abrió una sucesión de investigaciones bajo el Título IX contra distritos escolares que permiten a estudiantes trans usar baños, vestidores o participar en equipos deportivos según su identidad de género. Entre los señalados: cuatro distritos de Kansas (11 de junio), el condado de Buncombe en Carolina del Norte (17 de junio), tres distritos de Michigan (18 de junio), el Departamento de Educación de Maryland junto a los condados de Montgomery, Prince George’s y Frederick (23 de junio), y el distrito de Jefferson County en Colorado, al que se amenazó con retirarle fondos federales (26 de junio).
La ofensiva educativa continuó en julio: el 27 de julio, Educación y Justicia anunciaron acciones contra los distritos de Anne Arundel (Maryland) y Ann Arbor (Michigan), acusados de “transicionar en secreto” a estudiantes sin notificar a sus padres. El 28 de julio se abrieron pesquisas contra las escuelas públicas de Denver y el distrito Bethel en Washington —esta última por una exhibición del Orgullo que incluía viales de testosterona—. Al día siguiente, el 29 de julio, el Departamento de Educación investigó al sistema escolar de Minnesota por el uso de las llamadas “MyGender Dolls”, muñecas con ropa y anatomía intercambiable usadas para enseñar sobre identidad de género, calificadas por funcionarios federales como “ideologías pervertidas”. Ese mismo día, la agencia determinó que el distrito de Burlington, en Massachusetts, violó la ley federal al obligar a estudiantes a participar en una encuesta de salud después de que sus padres los excluyeran. El 30 de julio, el Departamento de Educación exigió a California y Washington que explicaran cómo cambiarían sus políticas para evitar que el personal escolar oculte a los padres la identidad de género de sus hijos.
Fuerzas Armadas, prisiones y el discurso presidencial. El 7 de junio, un juez federal frenó al Buró Federal de Prisiones para que no trasladara a 14 mujeres trans a cárceles de hombres, en aplicación de una orden ejecutiva de 2025 que declara el sexo como algo inmutable. El 12 de junio, el Departamento de Asuntos de Veteranos ordenó eliminar los programas centrados en identidad de género en sus instalaciones de salud; uno de ellos, dedicado a coordinar el cuidado de veteranos LGBTQ+, terminó siendo desmantelado por completo en julio.
En el plano militar, un tribunal federal certificó el 30 de junio una clase nacional de militares trans, lo que protege temporalmente a quienes ya prestan servicio mientras avanza una demanda contra la prohibición militar de Trump. El Departamento de Justicia respondió el 16 de julio anunciando que pedirá al Tribunal Supremo restablecer esa prohibición.
Trump también protagonizó varios episodios de desinformación. El 11 de junio afirmó, sin evidencia, que seis estados le quitan hijos a sus padres para someterlos a “mutilación transgénero”; un estudio de 2024 publicado en la revista JAMA Network Open encontró que las cirugías de afirmación de género en menores son poco frecuentes y que la mayoría corresponde a reducciones de pecho. El 15 de julio, durante un discurso militar, aseguró falsamente que la Ley CHIPS exigía a las empresas contratar ejecutivos trans para acceder a fondos federales; la palabra “transgénero” no aparece en ese texto legal. El 26 de julio publicó en Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial que fusionaba los rostros de la periodista Kaitlan Collins y la influencer trans Dylan Mulvaney.
El Tribunal Supremo respalda las prohibiciones deportivas. El golpe más significativo llegó el 30 de junio, cuando el Tribunal Supremo confirmó, en una votación de 6 a 3, las prohibiciones a atletas trans en Idaho y Virginia Occidental, rechazando los argumentos de igual protección de las demandantes. La decisión sienta un precedente que podría afectar a otros 25 estados con leyes similares. La Casa Blanca celebró el fallo con un comunicado que calificó la identidad trans de “insania”.
No todas las decisiones judiciales favorecieron a la Casa Blanca. El 24 de junio, una jueza federal bloqueó al Departamento de Justicia el uso de citaciones de gran jurado para obtener expedientes médicos de pacientes trans atendidos en hospitales de Nueva York, calificando la medida como un intento inconstitucional de “erradicar” a esa población. El 2 de julio, otro juez bloqueó una solicitud similar dirigida al Hospital Pediátrico Lucile Packard de Stanford, describiendo las citaciones como parte de una «campaña de mala fe» para intimidar a los hospitales.
Fondos para VIH y otras consecuencias. Tres asociaciones médicas especializadas en VIH y dos proveedores de salud demandaron al gobierno el 10 de junio por nuevas restricciones al Programa Ryan White, el principal programa federal de VIH/sida para personas de bajos ingresos, que ahora prohíbe usar fondos federales para atención de afirmación de género o para lo que la administración llama “ideología de género”. El 21 de julio, la fundación amfAR publicó un informe que documentó el cierre de más de 1,700 clínicas de VIH y la pérdida de más de 16,000 empleos como consecuencia de los recortes al PEPFAR, el programa federal contra el sida a nivel global.
En un episodio aparte, ocho activistas —tres de ellos trans— fueron sentenciados el 23 de junio a penas de entre 30 y 100 años de prisión por su participación en una protesta contra el ICE en Texas, en lo que se considera la primera gran acción legal de la administración contra el llamado “antifa”, un movimiento descentralizado y no una organización formal.
EN RESUMEN
🏳️⚧️ Entre junio y julio de 2026, la administración Trump intensificó su ofensiva contra las personas trans, con acciones en salud, educación, prisiones y fuerzas armadas.
⚖️ El Tribunal Supremo avaló, 6-3, las prohibiciones a atletas trans en Idaho y Virginia Occidental, con impacto potencial en 25 estados.
🏥 El Departamento de Justicia presionó a hospitales para frenar la atención de afirmación de género, aunque varios jueces bloquearon el acceso a expedientes médicos de menores trans.
🎓 El Departamento de Educación abrió más de una decena de investigaciones bajo el Título IX contra distritos escolares en al menos ocho estados.
💊 Los recortes al PEPFAR provocaron el cierre de más de 1,700 clínicas de VIH y la pérdida de 16,000 empleos, según un informe de amfAR.
