La legislación abre la puerta al discrimen contra personas LGBTQ+ y otras poblaciones, bajo el pretexto de proteger la libertad religiosa
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Julio V. Núñez, Pride Society Magazine
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció que acudirá a los tribunales para impugnar la recién aprobada Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico (Ley 14-2025), firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón. La organización sostiene que esta legislación abre la puerta al discrimen contra personas LGBTQ+ y otras poblaciones, bajo el pretexto de proteger la libertad religiosa.
En conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas, el colectivo de organizaciones catalogó a la gobernadora como “enemiga de la equidad”, tras convertirse en la primera mandataria en la historia de Puerto Rico en firmar una ley que, según la Federación, permite la marginación de personas por razones religiosas.
“Jenniffer González Colón se acaba de convertir en la primera gobernadora que legaliza el discrimen en la historia de nuestro país. Teniendo en sus manos el poder para ‘gobernar para todos los puertorriqueños’, como bien dijo en su mensaje inaugural, decidió usar la fuerza del Estado para marginar y discriminar”, expresó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
La ley fue firmada en La Fortaleza el domingo, desde donde se alegó que la firma responde a un “compromiso inquebrantable del gobierno de promover la libertad religiosa como un derecho inalienable del ser humano”. La legislación, de autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, fue coauspiciada por los legisladores Joanne Rodríguez Veve, Migdalia Padilla Alvelo, Karen Román Rodríguez, Gregorio Matías Rosario, Héctor González López y Jeison Rosa Ramos.
Entre las disposiciones de la nueva ley figura la modificación a la Ley 25 de 1983 (Ley de Inmunizaciones Compulsorias), para permitir excepciones religiosas a la vacunación de menores en escuelas y centros educativos. Además, establece que tanto empleados públicos como profesionales regulados por el Estado pueden solicitar un “acomodo razonable” para no ofrecer servicios si estos entran en conflicto con sus creencias religiosas.
Para Ivana Fred Millán, directora de la Federación, la medida “abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que buscan servicios del gobierno”. Añadió que esto también pone en riesgo a personas que dependen de profesionales licenciados por el Estado, como médicos, trabajadores sociales o educadores.
“Este proyecto no es para proteger la libertad religiosa. Ellos saben que lo que han pedido por años es la licencia para discriminar, y la consiguieron”, agregó Serrano.
Los portavoces del colectivo denunciaron también que, durante una reunión personal sostenida el pasado martes en La Fortaleza, incluyendo al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, se les indicó que la Gobernadora evaluaría posibles enmiendas antes de firmar la medida. Sin embargo, el domingo recibieron una llamada notificando que González Colón había decidido firmarla sin cambios.
Al momento, La Fortaleza no ha emitido declaraciones adicionales, salvo indicar que la primera ejecutiva estaría fuera de la isla hasta el 21 de abril por compromisos personales.
Serrano aseguró que la Federación acudirá a los tribunales “desde el primer momento en que se viole el derecho a no ser discriminado en este país”. Además, convocaron a una manifestación el próximo 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en el lado norte del Capitolio a partir de las 3:00 p.m.
“Queremos constar dónde está el foco del discrimen en este país. El foco de la exclusión está en la Legislatura. El foco del discrimen está en La Fortaleza”, sostuvo Serrano.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico agrupa a individuos y más de 100 entidades comunitarias y aliadas. Según la organización, esta ley es innecesaria, ya que la libertad religiosa ya está protegida por la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos.