La Cámara de Representantes dio paso por descargue y sin vistas públicas a ambas medidas
SAN JUAN, Puerto Rico
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció hoy la aprobación en la Cámara de Representantes de dos medidas que, según la organización, legalizan el discrimen y atentan contra los derechos humanos, particularmente de la comunidad trans y de las personas que buscan servicios públicos.
La semana pasada, el Senado de Puerto Rico aprobó ambas medidas: una que permitiría a empleados públicos negarse a atender ciudadanos si alegan conflicto con sus creencias religiosas, y otra que criminalizaría a padres y profesionales de la salud que ofrezcan terapias de afirmación de género a menores de 21 años. Hoy, la Cámara les dio paso bajo descargue y sin vistas públicas, en un proceso atropellado y ajeno al debate democrático, opinaron los líderes de la entidad. Representantes de las minorías del PIP y el PPD criticaron que no se les permitió debatir las medidas en el hemiciclo.
“Parece mentira que la Cámara —bajo descargue y sin vistas públicas— aprobara una medida que abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
“Como si fuera poco, aprobaron el PS 350, que representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Las entidades de la salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans. Esto es cruel e inhumano”, sentenció Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
“Exhortamos a la gobernadora Jenniffer González Colón a que no dé paso a estos proyectos que abren la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan. Vete estas medidas”, concluyeron los portavoces.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico está compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas.