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La política pública, cuando deja de nombrar, también deja de proteger
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, para Pride Society Magazine
Costa Rica acaba de enviar un mensaje político que no puede leerse a la ligera. La elección de Laura Fernández, una mujer joven, de apenas 39 años, no representa necesariamente una ruptura generacional ni un giro progresista, como algunos podrían suponer. Por el contrario, su victoria la consolida como heredera directa del proyecto político del actual presidente Rodrigo Chaves, un proyecto que en los últimos años ha estado marcado por el desmantelamiento sistemático de políticas públicas dirigidas a la comunidad LGBTQ en el país.
El problema no es únicamente quién gana una elección, sino qué modelo de país se reafirma con esa victoria. Bajo el mandato de Chaves se eliminaron estructuras fundamentales para la protección de derechos: desapareció la comisión para asuntos LGBT del gabinete presidencial, se derogaron normativas destinadas a erradicar la discriminación en instituciones públicas y se eliminó el protocolo contra el bullying en centros educativos del Ministerio de Educación. Estas decisiones no fueron administrativas ni aisladas; fueron profundamente ideológicas.
La política pública, cuando deja de nombrar, también deja de proteger. Al borrar líneas de trabajo, observatorios y protocolos, el Estado envía un mensaje inequívoco: las vidas diversas dejan de ser una prioridad. En ese contexto, la llegada de Laura Fernández no se percibe como un nuevo comienzo, sino como la continuidad de una narrativa de exclusión cuidadosamente construida desde el poder.
El episodio ocurrido en 2024, cuando el gobierno de Chaves destituyó a la ministra de Cultura y al comisionado de Inclusión Social por respaldar la declaración de interés cultural de la Marcha del Orgullo en San José, marcó un punto de inflexión. Aquella decisión evidenció que el problema no era la neutralidad del Estado, sino su hostilidad activa hacia las expresiones públicas de la diversidad. La cultura, la memoria y la visibilidad fueron castigadas.
Desde esta perspectiva, la pregunta que hoy se hacen las organizaciones y activistas LGBTQ en Costa Rica es legítima y urgente: ¿qué viene ahora? La permanencia de este partido en el poder genera un clima de incertidumbre real, donde los derechos conquistados ya no se sienten garantizados, sino condicionados al humor político del momento y a una agenda que ha demostrado poco interés en proteger a las poblaciones históricamente vulneradas.
La juventud de la nueva presidenta no debe confundirse con sensibilidad social ni con compromiso con la diversidad. La historia reciente demuestra que la edad no garantiza avances, y que los retrocesos también pueden venir con rostros nuevos y discursos renovados.
El verdadero mensaje de estas elecciones es incómodo pero necesario: los derechos humanos nunca están completamente asegurados. Se defienden, se vigilan y se reclaman cada día. Para la comunidad LGBTQ en Costa Rica, el desafío que comienza no es menor. Lo que está en juego no es solo una agenda política, sino el derecho a existir con dignidad, sin miedo y sin silencios impuestos desde el poder.
Y frente a eso, callar nunca ha sido una opción.