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Profesionales de la salud y del derecho denuncian el PS 350 como cruel, ilegal y transfóbico
SAN JUAN, Puerto Rico
Servicios Combinados
Crece el clamor de organizaciones profesionales, entidades legales, sectores de derechos humanos y agrupaciones religiosas para que la gobernadora Jenniffer González Colón vete el Proyecto del Senado 350, impulsado por Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve, el cual criminaliza a los profesionales de la salud que ofrezcan terapias de afirmación de género a personas trans menores de 21 años. La medida, que ya fue aprobada por la Legislatura, establece 15 años de cárcel, una multa de $50,000 y la revocación de licencias profesionales.
En días recientes, al menos siete organizaciones profesionales se han pronunciado en contra del PS 350: el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, el Colegio de Abogadas y Abogados, la Federación LGBTQ+ y la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr.
“La Asociación Americana de Psicología apoya estas terapias de afirmación de género”, afirmó la doctora Yesenia Delgado Castillo, presidenta de la Asociación de Psicología, en una carta enviada a la gobernadora. “Apoya el acceso a la atención psicológica y al tratamiento basado en la evidencia para niños, adolescentes y adultos trans, de género diverso y no binarios. Las decisiones sobre el tratamiento deben tomarse conjuntamente entre los padres o tutores, los expertos médicos y psicológicos, y los propios jóvenes”.
La Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) también rechazó la medida. “Nos oponemos contundentemente al PS 350. Este proyecto representa un retroceso que aumenta el riesgo de marginación, violencia estructural y daño psicosocial a personas trans y no binarias”, lee su resolución. “Reafirmamos nuestro compromiso con la equidad, la justicia social y el respeto a la dignidad humana de todas las personas”.
En el ámbito legal, el Colegio de Abogados y Abogadas advirtió que el PS 350 “carece de fundamentos científicos y jurídicos, y que sus disposiciones podrían tener efectos irreparables en la salud física y emocional de jóvenes cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer”. Según la presidenta del gremio, Vivian Godineaux Villaronga, “el Proyecto del Senado 350 plantea serias preocupaciones desde el punto de vista constitucional, médico y humano. Limita el acceso a cuidados de salud necesarios y deja desprovistos de protección a menores que ya enfrentan múltiples barreras en su desarrollo”.
Desde el sector de la fe, la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. también se sumó al reclamo, denunciando que el PS 350 “constituye un riesgo a la salud física y mental de nuestros hermanos y hermanas trans”. La co-coordinadora de la Mesa, Kelmadis Pérez Rivera, señaló que “esta medida violenta la libertad de los padres de proveerles a sus hijos e hijas lo que entienden es el mejor cuidado y atención médica para ellos y ellas”. Por su parte, el reverendo Ricky Rivera apuntó que “los padres junto al personal médico y especialistas de la salud mental son los llamados a tomar las decisiones correspondientes y necesarias ante situaciones que pueden y ponen en riesgo la vida, la salud y la seguridad de una persona trans”.
La exclusión de voces profesionales durante las vistas públicas fue otro motivo de indignación. “Nos parece una falta de seriedad el que estos profesionales de la salud no fueron consultados antes de la aprobación de esta medida. Esto demuestra que el único fin de este proyecto es satisfacer al sector conservador religioso y al fundamentalista cristiano”, sentenció la reverenda Elba Irrizary, tesorera de la Mesa.
Desde la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, su presidente Pedro Julio Serrano expresó: “Agradecemos a todas las entidades profesionales que, en estos días, han pedido a la gobernadora que no convierta en ley esta medida que no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas”. La directora ejecutiva de la entidad, Iván Fred Millán, añadió: “Convertir este proyecto en ley sería cruel e inhumano”.
Finalmente, Democracia Socialista subrayó que el proyecto “interfiere ilegalmente con la práctica de la medicina, imponiendo el criterio transfóbico, discriminatorio y nocientífico del legislador Rivera Schatz y su coalición de derecha sobre el criterio médico, la ética y las mejores prácticas de la medicina”. Recordaron que organizaciones como la American Medical Association, American Academy of Pediatrics, American Psychological Association y American Psychiatric Association han reiterado que los tratamientos de afirmación de género son esenciales, y que su acceso salva vidas.
Ayer, la Gobernadora no se expresó sobre la medida aduciendo que la misma no ha llegado a su escritorio.