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Hablar de protección implica algo más que establecer prohibiciones o levantar barreras. Implica entender qué necesita una persona para crecer en condiciones que no la expongan ni la obliguen a esconderse
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine
Lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la niñez trans no puede reducirse a una discusión legal ni a un intercambio de posturas ideológicas. Lo que está en juego es la forma en que se vive la infancia en medio de un país que no logra ponerse de acuerdo sobre cómo protegerla.
En Colorado se aprobó una medida que reconoce el derecho a la privacidad de menores trans y limita la divulgación de su identidad sin consentimiento. Más allá de la letra de la ley, lo que se establece es un principio básico, que no todo aspecto de la vida de un menor tiene que ser expuesto ni convertido en información pública antes de que esa persona esté preparada para compartirlo.
Esa decisión no ocurre en el vacío ni responde únicamente a una agenda local. Estados como Colorado han optado por distanciarse de una tendencia que se ha ido consolidando en otras jurisdicciones, entre ellas Puerto Rico, donde el enfoque ha sido mucho más restrictivo. Al hacerlo, han marcado una diferencia clara sobre cómo entienden la protección de la niñez, rechazando modelos que colocan la identidad en el centro de la vigilancia o del control.
En Puerto Rico, la realidad es distinta. Se han aprobado medidas que prohíben el acceso a tratamientos de afirmación de género para menores y que imponen consecuencias severas a profesionales de la salud que intenten acompañarlos. Esa decisión no solo impacta el ámbito médico, también redefine el espacio en el que una familia puede tomar decisiones sobre el bienestar de su hijo o hija, creando una tensión real entre el cuidado familiar y los límites que impone la ley.
Cuando ese tipo de restricciones se trasladan a la vida cotidiana, el efecto no es abstracto. Se manifiesta en la forma en que muchos jóvenes aprenden a relacionarse con su entorno. Hay quienes dejan de hablar en sus casas por miedo a la reacción que puedan provocar, quienes se cuidan en la escuela para no ser señalados y quienes ya saben que en determinados espacios no hay lugar para ser escuchados. Esa forma de vivir no se construye desde la libertad, sino desde la cautela constante.
Por eso, una medida que protege la privacidad no puede entenderse como un detalle menor. Lo que está haciendo es reconocer que el proceso de cada menor necesita tiempo, resguardo y un margen de seguridad que le permita desarrollarse sin la presión de tener que exponerse antes de estar listo.
En Puerto Rico, en cambio, el mensaje que reciben muchos de estos jóvenes es distinto. Las limitaciones legales, sumadas al clima social y político, generan un entorno donde el acompañamiento se vuelve incierto. Las familias enfrentan dudas reales sobre hasta dónde pueden llegar en el apoyo a sus hijos, mientras profesionales de la salud evalúan los riesgos de intervenir en un contexto que puede tener consecuencias legales para ellos.
Esa combinación produce silencio. Y el silencio, lejos de proteger, aísla.
Hablar de protección implica algo más que establecer prohibiciones o levantar barreras. Implica entender qué necesita una persona para crecer en condiciones que no la expongan ni la obliguen a esconderse. La privacidad, en ese sentido, no es un privilegio ni una concesión, es una condición necesaria para que un menor pueda atravesar su proceso sin estar sometido a la mirada constante de otros.
Lo que hace Colorado no resuelve el problema a nivel nacional, pero sí introduce una referencia distinta. Plantea que proteger también significa saber cuándo no intervenir, cuándo no exponer y cuándo permitir que una persona construya su identidad sin presión externa.
El problema es que el país no se mueve en una sola dirección. Mientras algunos estados intentan abrir espacios de resguardo, otros endurecen sus posturas y reducen las posibilidades de acompañamiento. El resultado es un escenario donde la experiencia de crecer no es la misma para todos.
Hay jóvenes que cuentan con un margen de protección que les permite desarrollarse con mayor seguridad, y hay otros que aprenden desde temprano a medir lo que dicen, a calcular cada paso y a vivir con la sensación de que cualquier decisión puede traer consecuencias.
Esa diferencia no es menor.
Porque al final, más allá de las leyes y de los debates, lo que está en juego es la posibilidad de vivir una infancia sin miedo constante. No se trata de imponer una visión, sino de reconocer que crecer debería ser un proceso acompañado, no vigilado.
Y esa es una conversación que todavía el país no ha logrado sostener con honestidad.