Denuncian intento de censura educativa en temas de sexualidad

Padres podrán bloquear contenidos escolares sobre sexualidad. Para defensores de derechos humanos, el gobierno legisla a favor del oscurantismo

SAN JUAN, Puerto Rico

La reciente firma de la gobernadora Jenniffer González a la controvertida Ley 89 del 2025, que permite a padres, madres y tutores objetar la enseñanza de temas relacionados con la sexualidad y la afectividad en las escuelas públicas, ha provocado una fuerte reacción de sectores educativos, científicos y de derechos humanos. La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció públicamente la medida, alegando que representa un retroceso peligroso en la formación integral de niños, niñas y jóvenes.

“La educación en temas de salud sexual es de vital importancia como lo son otras materias en el currículo. Esta instrucción debe ser desarrollada por expertos y expertas en la materia, al igual que ocurre con las matemáticas y las ciencias”, expresó Carmen Milagros Vélez Vega, directora de la Federación LGBTQ+. “Limitar esta educación es exponerles”, sentenció.

La Ley 89, que convierte en norma el Proyecto del Senado 2, autoriza a madres, padres y encargados a objetar cursos, charlas o cualquier contenido curricular relacionado con la sexualidad y la afectividad. Además, otorga derecho a recibir notificaciones anticipadas sobre estos temas y a solicitar evaluaciones alternativas para sus hijos, en caso de que el material sea requisito para aprobar un curso. Incluso contempla la posibilidad de recurrir a los tribunales si estos derechos son violados de manera reiterada.

La medida fue impulsada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y recibió el respaldo de toda la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), la portavoz del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, los senadores populares José Luis Dalmau y Luis Javier Hernández, y el senador independiente Eliezer Molina. A su vez, enfrentó la oposición del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la división dentro del Partido Popular Democrático (PPD).

Para Eduardo Cintrón, secretario alterno de la Federación LGBTQ+, la nueva legislación representa una amenaza directa a la salud pública y al desarrollo personal del estudiantado. “La evidencia demuestra que la educación sexual integral brinda herramientas para tomar decisiones informadas y salva vidas. Esta ley perpetúa la ignorancia, aumenta los riesgos de violencia, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual”, declaró.

Desde su aprobación, la Ley 89 ha sido interpretada por amplios sectores como una concesión a grupos conservadores y fundamentalistas religiosos que, durante años, han exigido mayor injerencia sobre el currículo escolar financiado con fondos públicos. El texto legal argumenta que existe una “necesidad de aclarar estos derechos [parentales] y reorganizar de manera más adecuada los procesos mediante los cuales se ejercen”.

No obstante, para educadores y organizaciones de derechos humanos, la medida debilita la autonomía profesional del magisterio y vulnera el derecho de los estudiantes a una educación libre de censuras ideológicas. “La educación sexual integral no es adoctrinamiento. Es una herramienta de prevención y protección. Negarla es dejar a nuestras juventudes sin defensa ante realidades que enfrentarán en sus vidas”, añadió Vélez Vega.

“Este peligroso proyecto no va de ‘libertad de pensamiento’ en el espacio escolar público, sino de favorecer la creación de enclaves ideológicos y religiosos desamarrados del resto de la sociedad. El resultado probado de una medida como ésta le ha representado a otras sociedades un aumento en embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual (ITS), mayor vulnerabilidad ante el abuso sexual, el reforzamiento del estigma hacia las personas LGBTQ+, el debilitamiento del currículo científico y profesional, y la desigualdad en el acceso a información crítica. Permitir que algunos estudiantes reciban educación sexual y otros no genera una brecha de conocimiento que puede afectar negativamente la toma de decisiones sobre la salud, las relaciones y el autocuidado. Peor aún, le abre la puerta a la censura de futuros temas, como derechos civiles, género, racismo o historia, entre otros”, concluyó Juan Caraballo Resto, director de la Federación.

El Departamento de Educación tiene un plazo de 90 días para establecer los protocolos que harán cumplir la nueva normativa, que entrará en vigor desde el primer día del próximo semestre escolar.