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La solidaridad nunca debería convertirse en un requisito para ejercer una profesión artística. Mucho menos cuando esa exigencia no se aplica con el mismo rigor a quienes sí fueron electos o designados para servir al pueblo
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Julio V. Núñez, Pride Society Magazine
Cada vez que Puerto Rico enfrenta una tragedia, una crisis o un conflicto social, ya sé cuál será una de las primeras preguntas que aparecerá en las redes sociales: “¿Dónde está Bad Bunny?”
A veces cambian el nombre. Otras veces preguntan por Residente, Ricky Martin
o por Kany García. Y cuando el asunto no tiene que ver con artistas, el libreto es exactamente el mismo. Durante la reciente crisis del agua hubo quienes reclamaban saber dónde estaban Juan Dalmau y Manuel Natal, como si fueran ellos quienes dirigían la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o tuvieran la facultad de restablecer el servicio.
Siempre ocurre igual.
Existe un sector del país que parece convencido de que las figuras públicas tienen la obligación de asumir el liderazgo que muchas veces el propio Estado no ejerce. Esperan que los artistas denuncien, recauden fondos, organicen ayudas, movilicen voluntarios y levanten la voz cada vez que Puerto Rico o cualquier otro país enfrenta una emergencia.
Lo preocupante no es que esperen solidaridad de quienes tienen una plataforma. Lo preocupante es que esa exigencia rara vez se dirige con la misma intensidad hacia quienes sí tienen la responsabilidad constitucional, legal y administrativa de responder.
Confundimos influencia con poder. Y esa confusión termina convirtiéndose en el mejor aliado de los gobiernos incompetentes.
Mientras discutimos si Bad Bunny escribió o no una publicación en Instagram, dejamos de preguntarnos qué hizo el gobierno. Mientras esperamos un video de Residente, olvidamos exigir explicaciones al funcionario que administra la agencia responsable. Mientras cuestionamos el silencio de Ricky o Kany, dejamos pasar el silencio de quienes cobran un salario precisamente para enfrentar las crisis. La conversación pública termina desplazando la responsabilidad.
El ejemplo más reciente ocurrió tras la tragedia en Venezuela. Antes de que el gobierno de Puerto Rico anunciara -y ejecutara- oficialmente su ayuda, las redes sociales ya exigían saber dónde estaba Bad Bunny y qué pensaba hacer por el pueblo venezolano.
La respuesta llegó días después, aunque no por iniciativa del propio artista. Se supo que Benito Martínez Ocasio había enviado discretamente un avión con aproximadamente 42,000 libras de suministros para las comunidades afectadas. No hubo una campaña publicitaria. No hubo una conferencia de prensa. Simplemente actuó.
Ese dato, sin embargo, no es el centro de este punto de vista. Porque el problema nunca fue Bad Bunny.
El problema fue que miles de personas parecían más preocupadas por fiscalizar a un ciudadano que a un gobierno.
Y esa no es una diferencia menor. Los artistas no administran presupuestos públicos. No dirigen agencias. No coordinan respuestas oficiales ante desastres. No tienen acceso a los recursos del Estado ni juraron defender el interés público al asumir un cargo. Los gobernantes sí.
Lo mismo ocurre con los líderes de oposición. Juan Dalmau y Manuel Natal tienen todo el deber y derecho de fiscalizar, denunciar y proponer alternativas. Pero no son quienes administran la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica ni ninguna otra dependencia gubernamental. Exigirles que resuelvan una crisis operacional mientras se minimiza la responsabilidad de quienes sí tienen el control de esas instituciones es, sencillamente, invertir el orden democrático de las cosas.
No estoy diciendo que los artistas deban permanecer callados. Todo lo contrario.
Puerto Rico ha sido testigo de cómo figuras como Bad Bunny, Residente, Ricky Martin y Kany García han utilizado su influencia para denunciar injusticias, defender causas sociales, movilizar al país y hasta asumir posiciones políticas que muchos otros prefieren evitar.
Lo han hecho por convicción. No porque sea su obligación. Y ahí radica la diferencia.
La solidaridad nunca debería convertirse en un requisito para ejercer una profesión artística. Mucho menos cuando esa exigencia no se aplica con el mismo rigor a quienes sí fueron electos o designados para servir al pueblo.
No podemos seguir esperando que las celebridades llenen el vacío que dejan las instituciones. Cada minuto que invertimos preguntando dónde está un artista es un minuto que dejamos de preguntar por qué una agencia no respondió, por qué un protocolo falló, por qué una promesa no se cumplió o por qué un funcionario continúa en su puesto pese a sus fracasos.
Los artistas pueden inspirar. Pueden denunciar. Pueden ayudar. Pero no pueden sustituir al Estado.
Quizás ha llegado el momento de cambiar la pregunta.
La próxima vez que ocurra una tragedia, antes de escribir “¿Dónde está Bad Bunny?”, pregúntese dónde está el gobernador o la gobernadora. Dónde está el secretario de la agencia correspondiente. Dónde están los funcionarios que administran los recursos públicos. Dónde están quienes solicitaron el voto del pueblo con la promesa de responder precisamente en momentos como ese.
Porque cuando un país fiscaliza con más severidad a sus artistas que a sus gobernantes, el problema deja de ser el silencio de una celebridad. Y pasa a ser el silencio de la ciudadanía frente al verdadero poder.
Pregunto yo: ¿Y dónde están quienes sí tienen el deber, la autoridad y los recursos para responderle al pueblo?
