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Puerto Rico y cuatro estados solo cuentan con medidas limitadas para frenar esta práctica
WASHINGTON, DC
Con un caso clave en el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el horizonte, un nuevo informe alerta que las llamadas “terapias de conversión” —una práctica ampliamente condenada por expertos médicos como peligrosa e ineficaz— continúan en gran parte del país, pese a un mosaico de prohibiciones estatales.
Los hallazgos fueron divulgados a finales de julio por el Movement Advancement Project (MAP) y The Trevor Project, justo cuando el Supremo se prepara para escuchar el caso Chiles v. Salazar el próximo periodo. La decisión podría desmantelar las protecciones actuales para jóvenes LGBTQ+.
La “terapia” de conversión ha sido rebautizada como “reparativa”, “reintegrativa” o incluso “exploratoria”. Sin importar el nombre, la premisa es la misma: que ser LGBTQ+ es algo que debe “corregirse”. Todas las principales asociaciones médicas y de salud mental en Estados Unidos la han condenado. El Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura la ha clasificado como una forma de tortura que las personas LGBTQ+ corren un riesgo particular de sufrir. En su informe de 2020 It’s Torture, Not Therapy, el organismo cita la conclusión del Grupo Independiente de Expertos Forenses: esta práctica “probablemente cause a las personas un dolor y sufrimiento físico y mental significativo o severo, con efectos nocivos a largo plazo”.
El análisis de 19 páginas de MAP demuestra que esta práctica persiste, operando en secreto y bajo etiquetas cambiantes, aunque 23 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes para proteger a menores de edad.
Según el informe, el 51 % de la juventud LGBTQ+ vive en estados con prohibiciones totales para que profesionales con licencia practiquen “terapias de conversión” a menores. Otro 8 % vive bajo restricciones parciales. Cuatro estados y Puerto Rico cuentan con medidas limitadas, mientras que el resto vive en jurisdicciones sin salvaguardas estatales.
Durante una década, estas prohibiciones han contado con apoyo bipartidista: en todos los estados que las han aprobado, legisladores republicanos han votado a favor, y un tercio de las leyes fueron firmadas por gobernadores republicanos. Hasta julio, legisladores de este partido habían patrocinado o votado por tales leyes al menos 682 veces.
El informe advierte que desde 2020 se han intensificado los ataques políticos contra la población LGBTQ+, especialmente contra jóvenes trans. En abril, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. publicó un informe que repetidamente promovía la “terapia exploratoria” mientras desacreditaba la atención de afirmación de género, lo que defensores consideran un esfuerzo calculado para mantener viva la “terapia” de conversión con otro nombre.
En marzo, el Tribunal Supremo aceptó revisar el caso Chiles v. Salazar. Kaley Chiles, consejera en Colorado, impugna la prohibición de 2019 de su estado alegando que viola sus derechos de la Primera Enmienda. Está representada por Alliance Defending Freedom, el mismo grupo legal conservador que en 2023 retó la prohibición en el estado de Washington. Ese caso no llegó al fondo del asunto: el Noveno Circuito ratificó la ley y el Supremo declinó revisarlo, aunque los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh indicaron que habrían aceptado el recurso.
La ley de Colorado superó la revisión del Décimo Circuito el año pasado, con jueces determinando que el estado puede regular la conducta profesional para proteger la salud pública. Sin embargo, un fallo favorable a Chiles podría borrar las protecciones existentes.
El próximo periodo del Tribunal Supremo de Estados Unidos comienza en octubre.
