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La reciente aprobación de los proyectos de ley PS1 y PS350 en la legislatura de Puerto Rico constituye un grave retroceso para los derechos humanos y, en particular, para la comunidad trans y LGBTIQAP+. Estas medidas, presentadas bajo el pretexto de proteger la libertad religiosa, se han convertido en herramientas ideológicas para discriminar y marginar a quienes más necesitan apoyo y reconocimiento. Lejos de ser iniciativas de protección, estos proyectos buscan restringir el acceso a tratamientos de afirmación de género y legitimar la negativa de servicios esenciales por parte de empleades públicos y profesionales de la salud, todo ello amparándose en un derecho que, en este contexto, ya está consagrado en la Constitución para garantizar la igualdad de todas las personas.
Disfraz de libertad religiosa y abuso constitucional
El PS1 se presenta bajo el pretexto de la libertad religiosa, una libertad que, según sus detractores, permite la discriminación. Esto es un flagrante abuso de un derecho constitucional que, en realidad, garantiza la igualdad ante la ley para todas las personas. La Constitución de Puerto Rico, al igual que la de los Estados Unidos, protege la libertad religiosa, pero no extiende de manera amplia una protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Actualmente, estas protecciones se limitan al ámbito laboral a través de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (ampliada por posteriores normativas como la Ley Núm. 22-2013), dejando a la comunidad LGBTIQAP+ expuesta en aspectos esenciales como el acceso a servicios médicos, la vivienda, la educación y la justicia.
Este escenario refleja una disparidad enorme: mientras la libertad religiosa se erige como un derecho protegido de manera irrestricta, la lucha contra la discriminación en ámbitos críticos se ve relegada a medidas insuficientes. El PS1, al buscar crear un marco legal que permita la exclusión de personas trans y queer bajo argumentos religiosos, prioriza una agenda fundamentalista que va en contra de los principios de igualdad y justicia que deberían regir nuestra sociedad.
La agenda fundamentalista y sus implicaciones
La aprobación del PS1 y del PS350 no puede entenderse como una mera cuestión de libertad religiosa. Se trata de una maniobra política estratégica del Partido Nuevo Progresista (PNP), que busca consolidar a la extrema derecha en Puerto Rico y atraer a votantes de sectores ultraconservadores, como Proyecto Dignidad. Este tipo de maniobra transforma nuestras vidas y derechos en moneda de cambio, evidenciando una clara prioridad del Estado de Puerto Rico: favorecer agendas ideológicas que, en última instancia, marginalizan a la comunidad LGBTIQAP+.
Bajo estas leyes, se abre la puerta para que empleados públicos y profesionales regulados por el Estado nieguen servicios esenciales basándose en sus creencias religiosas, una situación que no solo vulnera el derecho a la salud y la autodeterminación, sino que también refuerza un clima de discriminación y exclusión. Cada restricción impuesta con el pretexto de la libertad religiosa es un paso atrás en el camino hacia la igualdad plena, perpetuando estigmas históricos y creando barreras insalvables para el acceso a oportunidades en áreas fundamentales de la vida.
Impacto en la comunidad y el costo humano
Las implicaciones de estas leyes son profundamente preocupantes para la comunidad trans y, en general, para los derechos humanos en Puerto Rico.
● Vulnerabilidad y Marginación: Al restringir el acceso a tratamientos de afirmación de género, se incrementa la vulnerabilidad de les jóvenes trans, quienes dependen de estos servicios para vivir de acuerdo a su identidad y para mantener su salud mental y física en condiciones óptimas.
● Ambiente de Exclusión: La criminalización de los servicios médicos esenciales genera un ambiente de miedo y represión. Esta situación afecta tanto a quienes requieren atención como a los profesionales de la salud, que pueden verse desalentados a ofrecer servicios por temor a repercusiones legales.
● Retroceso en la Equidad: La falta de una protección constitucional amplia contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género deja a nuestra comunidad expuesta en múltiples ámbitos, desde la salud hasta la educación y la vivienda, creando una brecha insalvable entre los derechos formales y la realidad vivida.
La necesidad urgente de reafirmar la igualdad
Es urgente que nuestra Constitución sea enmendada para incluir protecciones explícitas contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Una enmienda de este tipo proporcionaría una base legal sólida para combatir la discriminación sistémica y garantizaría un trato equitativo para todas las personas, sin importar su identidad. La lucha por la igualdad no puede limitarse únicamente al ámbito laboral; debe extenderse a todos los aspectos de la vida pública y privada.
Casos recientes de discriminación en la búsqueda de servicios de salud y en otros ámbitos demuestran que la protección actual es insuficiente. No podemos permitir que leyes como el PS1 y el PS350 legitimen prácticas discriminatorias que perpetúan el odio y la exclusión.
Llamado a la acción y la resistencia colectiva
Ante este escenario, es fundamental que la comunidad se movilice y alce la voz. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se aprueban leyes que vulneran la dignidad de las personas. Es responsabilidad de todes nosotres exigir a nuestres legisladores políticas inclusivas y equitativas que garanticen el acceso a servicios esenciales para todas las personas, sin importar su identidad.
● Organización y Activismo: Es necesario unir fuerzas a través de colectivos, foros y redes de apoyo que demanden el rechazo de estas leyes discriminatorias.
● Visibilidad y Educación: Informar a la sociedad sobre la verdadera naturaleza de estas medidas y su impacto negativo es crucial para cambiar percepciones y generar un diálogo constructivo.
● Apoyo a Iniciativas Inclusivas: Respaldar proyectos y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos LGBTIQAP+ es vital para contrarrestar la agenda fundamentalista que pretende marginarnos.
La aprobación del PS1 y PS350 es un claro ejemplo de cómo se utiliza la política para dividir y marginar, sacrificando los derechos humanos en nombre de una supuesta libertad religiosa.
Estas leyes representan un retroceso inaceptable que vulnera la dignidad y los derechos de la comunidad LGBTIQAP+, dejando de lado el mandato constitucional de igualdad para todas las personas.