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Un comité legislativo aprueba la medida que obligaría a empleados públicos a identificarse solo como hombres o mujeres y limitaría el uso de pronombres preferidos
TALLAHASSEE, Florida
Servicios Combinados
El Senado del estado de Florida reactivó esta semana un controvertido proyecto de ley que limitaría el uso de pronombres preferidos en el ámbito laboral para empleados públicos, apenas una semana después de que el mismo pareciera haber sido descartado.
La medida, apodada por sus críticos como un proyecto “no digas gay o trans en el trabajo”, fue avalada por el Comité de Supervisión Gubernamental del Senado en una votación estrictamente partidista. El proyecto requiere que todos los empleados públicos sean identificados en documentos oficiales únicamente como hombres o mujeres, y prohíbe a los patronos ordenar a sus trabajadores usar pronombres distintos a “él” o “ella”.
Un proyecto que se creía muerto
El resurgimiento de la medida sorprendió a activistas y defensores de los derechos LGBTQ+, quienes una semana antes se habían movilizado masivamente en el Capitolio estatal y celebraban lo que parecía ser la muerte legislativa del proyecto.
Sin embargo, el senador estatal Randy Fine —republicano con historial anti-LGBTQ y actual aspirante al Congreso— volvió a someter la medida a consideración del comité, lo que reabrió el debate sobre derechos civiles y discriminación en el lugar de trabajo.
Reacciones del público: “Está lastimando a mis hijos”
La aprobación del proyecto dejó a muchos ciudadanos preocupados por lo que consideran un retroceso en materia de inclusión y respeto en los espacios laborales.
“No entiendo el propósito de esto. Este proyecto está dañando a mi familia”, dijo Robert Lee, un residente de Florida que viajó hasta Tallahassee para testificar en contra de la medida. “Está lastimando a mis hijos, que son no binarios. De verdad quisiera que como estado pudiéramos enfocarnos más en el costo de los seguros en lugar de perder el tiempo con proyectos sin sentido como este”.
Derecho de conciencia o licencia para discriminar
Organizaciones conservadoras, como la Christian Family Coalition, defendieron la medida argumentando que busca proteger la “libertad de conciencia” de los empleados públicos.
“Este proyecto protegerá el derecho de conciencia de los empleados que trabajan para el estado o los gobiernos locales, poniendo fin a los mandatos coercitivos sobre pronombres”, afirmó Joh Labriola, cabildero del grupo. “No le quita derechos a nadie”.
Sin embargo, legisladores demócratas y defensores de los derechos LGBTQ+ rechazan esa visión. La senadora estatal Kristen Arrington, quien votó en contra del proyecto, advirtió que este obligaría a todos los empleados públicos a ser clasificados únicamente como hombres o mujeres, sin reconocer identidades no binarias.
“La legislación realmente promueve que empleados y contratistas del gobierno acosen a personas trans al permitirles intencionalmente llamarlas con pronombres incorrectos sin enfrentar consecuencias”, expresó Arrington. “Es una licencia para discriminar sin rendir cuentas. Parece un intento de crear un ambiente de trabajo hostil para las personas LGBTQ, particularmente para las personas trans en Florida”.
Un patrón legislativo en curso
El autor del proyecto, el senador republicano Stan McClain, defendió la legislación alegando que su objetivo es evitar que los empleados públicos sean “coaccionados” por sus patronos o contratistas.
“No vamos a permitir que empleados estatales sean coaccionados por sus patronos o subcontratistas de ahora en adelante”, dijo McClain.
El legislador también aseguró que el texto legal replica el lenguaje de otras leyes aprobadas en años anteriores, haciendo referencia a la polémica ley conocida como “no digas gay”, que prohíbe a docentes usar pronombres preferidos en el salón de clases.
Preocupación por el ambiente laboral
Para los críticos, este proyecto no solo margina a las personas LGBTQ+, sino que también abre la puerta a nuevas formas de acoso y discriminación en espacios laborales gubernamentales.
“La ley en realidad no protege a nadie”, dijo un activista presente en la audiencia. “Simplemente legaliza el irrespeto y crea un entorno laboral donde las personas LGBTQ+ no pueden esperar un trato digno por parte del Estado”.