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Retarán la ley que criminaliza el cuido a menores trans
SAN JUAN, Puerto Rico
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció hoy que impugnará en los tribunales la Ley 63 de 2025, recién firmada por la gobernadora, la cual criminaliza a los profesionales de la salud por brindar atención a menores trans y agrava la situación de vulnerabilidad de esta población.
“La Legislatura y la Gobernadora nos obligaron a tener que recurrir a los tribunales para impugnar la Ley 63 del 2025 que atenta contra el bienestar de menores trans. No hicieron vistas públicas, ignoraron a las entidades médicas profesionales, a su propio Secretario de Salud para convertir en ley una medida que pone en peligro no tan sólo a menores trans, sus padres y madres, sino a los profesionales que cumplan con su deber y les atiendan”, aseveró Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación.
La nueva ley impone una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que ofrezcan a menores de 21 años terapias de afirmación de género. Estas terapias cuentan con el respaldo de todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional.
“Con esta ley, están obligando a la clandestinidad a menores trans y sus familias. Les están negando una oportunidad de vida, una esperanza de poder ser atendidos por profesionales de la salud que velen por su bienestar. Es un día muy triste que, aunque duele, nos impulsa a seguir luchando para revertir el daño que hoy convierten en ley”, expresó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
El Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ también denunció la medida, señalando que precariza a los menores trans y sus familias, y criminaliza a profesionales de la salud que velan por su bienestar.
“Como persona no binaria que llevo más de tres años accediendo cuido médico de afirmación de género, puedo confirmar que este cuido me ha salvado la vida. Siento una tristeza profunda por la juventud trans y de género no conforme en Puerto Rico que no va a poder acceder este cuido y por les proveedores médicos que son aliados de nuestra comunidad, quienes serán penalizades por ejercer su profesión. Profesionales de la salud en Puerto Rico y alrededor del mundo han reafirmado el apoyo y el éxito científicamente probado de estos procedimientos. Lucharemos hasta las últimas consecuencias para que la ciencia y los derechos humanos prevalezcan y para que la niñez y juventud trans en Puerto Rico pueda vivir en paz en nuestro archipiélago”, aseveró Kari Claudio Betancourt (elle), directore de la Tejedora e integrante del Consejo Asesor.
El Consejo coordinará la respuesta legal no solo contra la Ley 63, sino también contra la Ley 14 de 2025, que según la organización, legaliza el discrimen bajo el pretexto de la libertad religiosa.
“El Proyecto del Senado 350, que la gobernadora convirtió en ley, levanta grandes cuestionamientos de índole constitucional. Nuestra Constitución es de factura más ancha que la Constitución de los Estados Unidos, es de decir, la nuestra garantiza mayores protecciones, el derecho a la intimidad y la prohibición a la discriminación por sexo surge explícitamente de su texto. Al convertir en ley el PS350 la gobernadora no tan solo le hizo caso omiso a nuestro Estado de Derecho, sino que ignoró a profesionales de la salud, de la psicología y profesionales del derecho que alzaron su voz sobre lo perjudicial que sería esta medida no tan solo para la juventud trans, sino para los derechos de las personas menores de edad y los derechos parentales por interferir con decisiones médicas de los padres y madres que ostentan la patria potestad. Sin embargo, la lucha no culmina aquí, nos veremos en los tribunales”, sostuvo la licenciada Claudia Fontanet-Rodríguez (ella), también integrante del Consejo Asesor.
En días recientes, múltiples organizaciones profesionales como el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico habían solicitado que se vetara la medida.
“La responsabilidad de esta nefasta ley recae no tan sólo en la gobernadora, sino en Rivera Schatz, Rodríguez Veve, toda la delegación novoprogresista, casi toda la delegación popular y Eliezer Molina. Les debe dar vergüenza de mirar a la cara a sus familiares, amigos, empleados y correligionarios que son LGBTQ+, pues con sus votos legalizaron el maltrato, el discrimen y el abandono en su contra”, concluyó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.