Dijo que la legislación se encuentra en tránsito hacia La Fortaleza para ser convertida en ley
SAN JUAN, Puerto Rico
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La gobernadora Jenniffer González Colón, confirmó este martes que firmará el proyecto de ley conocido como la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, una medida que ha generado un intenso debate en la isla, especialmente por las posibles implicaciones que tendría sobre la comunidad LGBTQ+.
Anoche lo adelantó en un programa televisivo y hoy durante una rueda de prensa en la que anunció el inicio de la construcción de un proyecto hotelero en el Distrito de Convenciones de Miramar, González Colón se reiteró: “Nosotros vamos a firmar ese proyecto”. La funcionaria no detalló las razones detrás de su decisión, pero dejó claro que la medida, que ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, se encuentra en tránsito hacia La Fortaleza para ser convertida en ley.
La “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa” otorga exenciones a los ciudadanos que deseen invocar sus creencias religiosas para obtener ciertas dispensas, entre ellas la posibilidad de no cumplir con ciertas normativas, como la vacunación obligatoria de menores, siempre que medie el consentimiento informado de los padres. También establece que las protecciones constitucionales de libertad religiosa no estarán condicionadas a recibir ayuda estatal o federal para educación en escuelas privadas.
Aunque la medida ha sido respaldada por aquellos que defienden el derecho a la libertad religiosa, su aprobación no ha estado exenta de controversia. Sectores de la comunidad LGBTQ+, encabezados por la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico y otras organizaciones sociales, han expresado su preocupación por el riesgo de que la ley sea utilizada como pretexto para la discriminación, especialmente en el acceso a servicios públicos esenciales. De hecho, la gobernadora fue cuestionada sobre si la ley podría ser usada para negar servicios, a lo que respondió asegurando que el gobierno garantizará el acceso a servicios a todos los ciudadanos, incluso si un empleado público invoca objeciones religiosas. De hecho, la Federación LGBTQ+ hizo una exhortación directa a la Gobernadora para que vete las medidas.
“Lo que estamos haciendo es protegiendo los derechos de todos los ciudadanos”, afirmó González, quien insistió en que no se pueden quitar derechos a un grupo para otorgárselos a otro. Además, recalcó que la legislación está alineada con la doctrina federal y jurisprudencia ya establecida, garantizando la prestación de servicios incluso en contextos de escasez de personal.
Junto a esta medida, también fue aprobada una propuesta que prohíbe los tratamientos hormonales y las cirugías de afirmación de género en personas menores de 21 años. Sin embargo, la gobernadora no ha aclarado si firmará esta segunda propuesta. Ambas medidas, en conjunto, han sido vistas por la comunidad LGBTQ+ como actos discriminatorios.
El debate sobre la ley de libertad religiosa coincide con las críticas que la gobernadora ha recibido en sus primeros 100 días de mandato, con sectores de la oposición acusándola de no haber logrado avances significativos en su gestión. Sin embargo, la aprobación de esta medida refleja el enfoque conservador de su administración en temas sociales y podría definir el rumbo de su gobierno en cuanto a derechos civiles.
Organizaciones de derechos humanos ya han comenzado a preparar posibles acciones legales si se utiliza esta ley para justificar la discriminación. Por su parte, la gobernadora ha señalado que está lista para enfrentar el debate que se avecina, asegurando que “se puede proteger la fe sin dejar de proteger la dignidad de todos”.
Con la firma de este proyecto, Puerto Rico se une a otras jurisdicciones de Estados Unidos que han enfrentado largos litigios sobre la aplicación de leyes similares. Será necesario observar cómo se implementará esta ley y qué impacto tendrá en la vida diaria de los ciudadanos en la Isla.