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Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denuncia acción del gobierno ante tribunal federal
SAN JUAN, Puerto Rico
El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito acogió una solicitud del Gobierno de Puerto Rico para paralizar temporalmente la implementación de una orden judicial federal que exigía la inclusión del marcador “género X” en los certificados de nacimiento emitidos en la Isla, lo que habría permitido por primera vez el reconocimiento legal de personas no binarias en este documento oficial.
La determinación del foro apelativo, emitida en la noche del martes, representa un revés momentáneo para el mandato emitido en mayo por la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. La jueza había ordenado al Registro Demográfico enmendar su formulario de solicitud de cambio de género para incluir una tercera opción no binaria, además del sexo masculino o femenino.
El procurador general de Puerto Rico, Omar Andino Figueroa, expresó satisfacción con la decisión del tribunal apelativo, al señalar que esta permite que el proceso judicial continúe “sin que se altere, de manera provisional, el esquema legal vigente en Puerto Rico”. Según Andino Figueroa, esta acción es coherente con la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón de “velar por el respeto al estado de derecho y a las normas vigentes”.
Sin embargo, para la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, la acción del gobierno representa un nuevo obstáculo en la lucha por el reconocimiento y la dignidad de las personas no binarias. La entidad denunció que la administración de González prefiere invertir recursos públicos en litigios para evitar implementar un derecho que ya fue validado por el tribunal de primera instancia.
“En vez de instrumentar la equidad, como le fue ordenado. En vez de ‘gobernar para todos los puertorriqueños’, como prometió en su toma de posesión, la gobernadora decide gastar el dinero y los recursos del gobierno en negarle un derecho a las personas no binarias”, denunció Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
Por su parte, Ivana Fred Millán, directora ejecutiva de la organización, urgió a la mandataria a acatar la orden original de la jueza Antongiorgi, quien —según destacó— ya había advertido que el gobierno “no ha demostrado contundentemente que es probable que prosperen en cuanto al fondo de su reclamación en apelación”.
Actualmente, más de una docena de estados y jurisdicciones estadounidenses permiten la inclusión de una tercera categoría de género en documentos oficiales como certificados de nacimiento o licencias de conducir, incluyendo California, Nueva York, Massachusetts y el Distrito de Columbia. Puerto Rico había sido incluido en esta lista luego de decisiones judiciales previas, pero esta es la primera vez que el tema llega a un tribunal apelativo federal.
“Nos parece inaudito que esta administración continúe en su ataque a la dignidad de las personas no binarias y la comunidad trans. Es un ataque tras otro, todo por complacer a un sector fundamentalista en una descarada jugarreta politiquera para agenciarse unos pocos votos», añadió Justin Jesús Santiago, también directivo de la Federación.
La controversia surge en un contexto político y jurídico polarizado, donde el reconocimiento de identidades no binarias ha sido objeto de intensos debates. Mientras sectores conservadores argumentan que el marco legal actual no contempla una tercera categoría de género, organizaciones de derechos civiles reclaman que el Estado debe garantizar la igualdad y la no discriminación en sus políticas públicas, incluyendo el reconocimiento legal de la diversidad de género.
El proceso de apelación ante el Primer Circuito continuará en los próximos meses, mientras las comunidades afectadas siguen a la espera de una determinación final que pueda marcar un precedente en la protección de los derechos civiles en la Isla.
