Puerto Rico es el primer gobierno en cumplir con el mandato que impone la administración Trump para eliminar las políticas que promueven la diversidad y la equidad en los entornos educativos
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Julio V. Núñez, Pride Society Magazine
En una clara manifestación de apoyo a las políticas de la administración Trump, el gobierno de Puerto Rico formalizó su compromiso con el cumplimiento de las directrices que prohíben la implementación de iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el sistema educativo de Puerto Rico. Este compromiso fue confirmado por el Departamento de Educación federal, que destacó a Puerto Rico como la primera jurisdicción en firmar el acuerdo que veta el uso de políticas de acción afirmativa en programas que reciben fondos federales.
De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el subsecretario interino de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación federal, Craig Trainor, afirmó que Puerto Rico es el primer gobierno en cumplir con el mandato que impone la administración Trump para eliminar las políticas que promueven la diversidad y la equidad en los entornos educativos. Esta decisión está alineada con el enfoque del gobierno de Trump de reducir la implementación de programas que, según su visión, violan el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, la cual prohíbe la discriminación basada en raza, color u origen nacional.
El secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, firmó el acuerdo que compromete a la isla a rechazar las iniciativas de DEI, un movimiento que busca la inclusión de minorías y grupos históricamente desfavorecidos. Aunque Ramos Parés expresó su apoyo a la equidad en la educación pública, su firma en este documento refleja un paso hacia la adopción de las políticas restrictivas de la administración Trump, las cuales buscan desmantelar las políticas que promueven la diversidad racial y de género en las instituciones educativas.
Este alineamiento con la administración Trump no es un hecho aislado, ya que se enmarca dentro de una serie de decisiones que reafirman la postura del gobierno de Puerto Rico en favor de políticas conservadoras en áreas clave como la educación y la lucha contra el extremismo ideológico. A través de estas acciones, la administración local se ha comprometido no solo a cumplir con las exigencias del gobierno federal, sino también a implementar una visión educativa que se distancia de la defensa de la equidad racial y de género promovida por movimientos DEI.
La decisión de Puerto Rico de acatar las órdenes del gobierno de Trump también ha suscitado preocupaciones, ya que podría poner en peligro el acceso a importantes fondos federales, como los relacionados con la pandemia del COVID-19, que aún no han sido desembolsados a la Isla. La administración Trump ha dejado en claro su intención de restringir el acceso a estos fondos a aquellos sistemas educativos que no se ajusten a sus estrictas directrices sobre el patriotismo, la identidad de género y la enseñanza sobre el racismo.
El compromiso con estas políticas refleja la adhesión de la administración del gobierno de Puerto Rico a las estrategias impuestas por la administración Trump, lo que marca una diferencia con aquellos que luchan por la inclusión y la equidad en las políticas públicas de Puerto Rico.
