La decisión contradice el fallo de la Corte Suprema en el caso Bostock v. Clayton County
DALLAS, Texas
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El juez federal Matthew Kacsmaryk, del Distrito Norte de Texas, emitió una sentencia que invalida partes clave de la guía de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) de 2024, la cual ampliaba las protecciones contra el acoso laboral hacia personas LGBTQ+, especialmente aquellas transgénero. La demanda fue presentada por el estado de Texas y la Fundación Heritage, argumentando que la EEOC excedió su autoridad al interpretar que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe el acoso basado en identidad de género y orientación sexual.
Kacsmaryk sostuvo que el Título VII solo prohíbe el despido por ser homosexual o transgénero, pero no obliga a los empleadores a reconocer identidades de género en aspectos como el uso de pronombres, vestimenta o acceso a baños. Esta interpretación contrasta con el fallo de la Corte Suprema en 2020 en el caso Bostock v. Clayton County, donde se determinó que despedir a alguien por su orientación sexual o identidad de género constituye discriminación por sexo.
La decisión del juez Kacsmaryk ha sido criticada por organizaciones defensoras de derechos civiles, como el National Women’s Law Center, que la calificó de “indignante” y contraria al precedente establecido por la Corte Suprema.
Contexto en Puerto Rico: Ley de Libertad Religiosa y sus implicaciones
En Puerto Rico, la reciente aprobación de la Ley 14-2025, conocida como la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa”, ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos. La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico argumenta que esta ley otorga una «licencia para discriminar» bajo el pretexto de la libertad religiosa, permitiendo que empleados públicos y profesionales regulados se nieguen a ofrecer servicios a personas LGBTQ+.
La ley establece que el gobierno no podrá imponer cargas sustanciales al ejercicio de la libertad religiosa, a menos que exista un interés apremiante y que no haya un medio menos oneroso para alcanzar dicho fin. Sin embargo, críticos señalan que esta disposición podría ser utilizada para justificar actos discriminatorios, especialmente en sectores como la salud y la educación.
Expertos legales advierten que la implementación de esta ley podría contradecir precedentes establecidos en casos como Bostock v. Clayton County, donde se extendieron las protecciones contra la discriminación laboral del Título VII a la orientación sexual e identidad de género. Permitir que empleadores justifiquen actos discriminatorios invocando la libertad religiosa podría vulnerar derechos laborales protegidos a nivel federal.
La reciente decisión del juez Kacsmaryk en Texas y la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa en Puerto Rico reflejan una tendencia preocupante hacia la erosión de protecciones para la comunidad LGBTQ+. Ambos casos subrayan la necesidad de vigilancia y acción por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles para garantizar que los principios de igualdad y no discriminación prevalezcan en todos los ámbitos de la sociedad.