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El máximo foro judicial puertorriqueño, en donde una mayoría de los jueces optó por ese “silencio ensordecedor”, no evaluó la controversia en sus méritos ni consideró las consecuencias prácticas que acarrearía…
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Carlos F. Ramos Hernández
“Los silencios del Derecho tienen o pueden tener consecuencias sociales”, nos dice el profesor, abogado y periodista Efrén Rivera Ramos. Por eso, cuando los tribunales permanecen callados ante ataques a derechos fundamentales, el efecto puede ser permitir injusticias que minan su legitimidad institucional ante la ciudadanía.
Hace unas semanas, el ‘’silencio ensordecedor’ de una mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, como lo llamó el juez asociado Ángel Colón Pérez, parece haber dejado sin efecto el entendido histórico y alcance legal de la credencial de prensa que emite el Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Y es que hace 28 años, el propio Tribunal Supremo había decidido en el caso Disidente Universal que el “único beneficio” de tener ese carnet de prensa “oficial” era obtener una tablilla para estacionar en espacios designados para periodistas. En un presagio del futuro, en aquel momento, 1998, dos jueces disintieron de esta interpretación y sostuvieron que incluso habrían declarado ilegal e inconstitucional la mera existencia y la expedición de esa credencial. Explicaron que la determinación establecía “un precedente peligroso” en materia de libertad de prensa porque avalar este esquema conllevaría que el Estado se “abrogue el derecho” de determinar “quién puede cubrir los eventos públicos.” Tres décadas más tarde, esa preocupación se convirtió en realidad con un “No ha lugar”, sin explicaciones, de nuestro máximo foro judicial al considerar el asunto.
En una sociedad democrática en la que los jueces no son electos, a diferencia de las ramas políticas, su legitimidad proviene de la confianza y el respeto que la ciudadanía les reconoce. Por eso, para que se manifieste el “poder persuasivo” de los tribunales, dice mi padre, el profesor Carlos E. Ramos González, que “sus decisiones deben estar acompañadas por fundamentos adecuados en derecho, [y] a su vez respaldadas por un capital repleto de legitimidad”. Cuando no hay explicaciones adecuadas, la judicatura comienza a perder y a disminuir su caudal de legitimidad y, a su vez, a lacerar esa confianza, que no es gratuita ni a perpetuidad.
La erosión no es meramente teórica; ya se observa. En Estados Unidos, una encuesta publicada en abril de 2026 mostró que solo el 22% de los estadounidenses confía mucho o bastante en la Corte Suprema federal. En Puerto Rico no contamos con datos tan recientes, pero los disponibles apuntan en una dirección similar: 19% de confianza en la Rama Judicial según un informe de la Universidad del Turabo en 2016; y 36% según otro del Instituto de Estadísticas en 2019.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó a la gobernadora Jenniffer González Colón, por exigir esta credencial a nuestros periodistas para acceder a las conferencias de prensa en La Fortaleza. Con las decisiones del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Supremo que sostienen la exigencia de la Gobernadora, y ambas emitidas con poca o ninguna explicación, el capital de legitimidad del Poder Judicial sufrió grandes pérdidas.
El foro apelativo únicamente consignó que el CPI había presentado a tiempo su alegato. En ningún momento explica por qué los planteamientos de la organización periodística podrían estar equivocados, si ese fuera el caso. No los contempló ni descartó, simplemente los ignoró. Peor aún, obvió por completo el caso Disidente Universal que expresa que el “único beneficio” de la credencial que emite el Departamento de Estado es otorgar una tablilla de estacionamiento. El panel del foro apelativo adoptó, casi como autómatas, la postura del Gobierno y empleó un análisis jurídico pobre y de poco rigor. Avalaron que se emulen decisiones de foros federales emitidas bajo la incumbencia de los presidentes estadounidenses Joe Biden y Donald Trump con las medidas adoptadas por la Casa Blanca de limitar el acceso de periodistas, que no son vinculantes en la jurisdicción puertorriqueña. Concluyen que requerir ese carnet es una medida “neutral” y “razonable” porque, presuntamente, aplica por igual a todos los periodistas que ingresan a la mansión ejecutiva.
Pero la realidad ya muestra que no se trata de un asunto “neutral”.
Existe un patrón de selectividad en las conferencias de prensa en La Fortaleza, y lo hemos documentado. Ante una pregunta de la periodista Mónika Candelaria de WAPA-TV sobre cuándo entraría en vigor la exigencia de la credencial, el Secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, respondió: “De[sde] las próximas conferencias”. Candelaria, desde la sala de prensa del Palacio Rojo al que los periodistas del CPI no pueden acceder sin la credencial, comentó: “O sea, yo no tengo una, by the way. En los dieciséis años que llevo en noticias”. El Secretario replicó: “Pero el canal, recuerda, que hay otros asuntos ahí que no es lo mismo”.
Solo resta preguntarse: ¿a cuáles otros asuntos se refiere Peña? ¿Qué es lo que “no es lo mismo”? ¿Hay un trato distinto para los medios televisivos comerciales? ¿Son las pautas de anuncios gubernamentales una mejor identificación que el carnet de prensa?
Ese mismo día, en un programa radial de NotiUno, el abogado de la Gobernadora en este caso, Ramón Rosario Cortés, le preguntó, casi de forma jocosa, al periodista Normando Valentín si ya tenía al día su credencial del Departamento de Estado. El periodista respondió que no, que siempre usa su carnet de WAPA-TV, que no sacaba una credencial “oficial” desde 1994 y que no enseña “ningún credencial”, que basta con “la cara mía” para acceder a La Fortaleza.
¿Será que las “caras” de los periodistas del CPI, como la de Luis Valentín Ortiz, a quien le negaron la entrada tras años cubriendo a gobernantes en el Palacio de Santa Catalina, no tienen el mismo peso? ¿Y qué de los periodistas internacionales, los reporteros ciudadanos o la prensa independiente? ¿Qué valor tienen esas “caras” en una democracia cuya Constitución protege a todo quien recopile y difunda información de interés público?
La semana pasada, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, visitó La Fortaleza acompañado por periodistas de la Agencia EFE y de Radio Nacional de España, entre otros, quienes viajaron junto al diplomático durante su gira por Latinoamérica y el Caribe. Allí recibieron a todos con bombos y platillos. ¿Habrán conseguido un carnet de prensa oficial exprés o hay otra vara para medios estadounidenses e internacionales? ¿Podrá David Begnaud regresar a la mansión ejecutiva si vuelve a cubrir un desastre natural en Puerto Rico? ¿Les bastará a estos reporteros con la credencial de sus medios, esa misma identificación que el Gobierno declaró insuficiente para el CPI?
El máximo foro judicial puertorriqueño, en donde una mayoría de los jueces optó por ese “silencio ensordecedor”, no evaluó la controversia en sus méritos ni consideró las consecuencias prácticas que acarrearía. Avalaron una sentencia de un foro inferior que reinterpreta un precedente de hace casi tres décadas. Solo tres togados se dignaron a ofrecer explicaciones: la Jueza Presidenta Maite Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado Luis Estrella Martínez expresaron que hubiesen atendido el caso, paralizando la determinación del foro intermedio y celebrando una vista oral pública; mientras que el juez Colón Pérez, único en emitir un voto disidente, explicó con detalle y con fundamentos serios por qué era necesario revocar una decisión que coarta el derecho fundamental a la libertad de prensa.
¿Qué nos dice este silencio de nuestro sistema de justicia? ¿Estamos ante una actuación de indiferencia? ¿O un aval de la autoridad que silencia a cierto sector de la prensa? ¿Por qué callar ante una decisión cuyo efecto práctico es callar a quienes fiscalizan con independencia, investigan y cuestionan al poder? En la práctica, este silencio permite al Poder Ejecutivo decidir qué prensa considera “conveniente” o “válida” para hacer preguntas. Y en una democracia, esa es una decisión que el Estado nunca debe tener en sus manos.
El Secretario de Asuntos Públicos anunció que en La Fortaleza se está trabajando en un nuevo “protocolo” para establecer reglas de acceso a la sede del Poder Ejecutivo. Al CPI, la administración González Colón le dijo desde el año pasado que este “protocolo” ya existía, y prometió entregarlo. Nunca llegó.
Entre la falta de legitimidad y la falta de credibilidad, ¿cuál será peor? Ante los silencios del Derecho que acarrean consecuencias sociales, Efrén Rivera Ramos concluye en su discurso al ser admitido ante la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, que “quizás la única posibilidad de la justicia resida en lo que el Derecho no dice” y que esos silencios “nos obliga[n] a buscar soluciones que no preveíamos”. La prensa independiente e incisiva, que busca informar, siempre persiste y encuentra cómo contar las historias. A quienes apuntan a su desgaste, les adelanto: no lo lograrán.