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Fidel Castro entre la admiración internacional y la memoria de quienes vivieron bajo su poder
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine
El 13 de agosto de 2026 se cumplen cien años del nacimiento de Fidel Castro y, como ha ocurrido durante décadas, su figura volverá a dividir memorias, convicciones y experiencias. Habrá quienes lo recuerden como el comandante que desafió a Estados Unidos, enfrentó a la dictadura de Fulgencio Batista, condujo una revolución victoriosa y consiguió que una pequeña isla del Caribe adquiriera un protagonismo internacional desproporcionado respecto a su tamaño. Otros, entre ellos millones de cubanos dentro y fuera de la isla, asociarán inevitablemente su nombre con el autoritarismo, las cárceles, los fusilamientos, el exilio, la separación familiar, la censura y una vigilancia política que penetró profundamente en la vida cotidiana.
Este centenario ofrece una oportunidad para mirar más allá del personaje convertido en símbolo y acercarnos al hombre que muchos conocieron únicamente a través de discursos, fotografías, documentales o consignas. Durante décadas se construyó alrededor de Fidel Castro una imagen capaz de sobrevivir incluso al testimonio de quienes padecieron directamente el sistema levantado bajo su liderazgo. Para comprender esa fascinación resulta necesario regresar a 1959, a una Cuba que venía de la dictadura de Fulgencio Batista y en la que una generación había arriesgado la vida intentando terminar con un régimen autoritario, corrupto y represivo.
La Revolución llegó acompañada de promesas poderosas sobre justicia social, soberanía, igualdad, dignidad y recuperación nacional. Fidel Castro recurrió constantemente a José Martí, apeló a la sensibilidad patriótica y consiguió que una parte importante del país viera en aquel joven dirigente al continuador de una lucha histórica que parecía inconclusa. Ese entusiasmo existió y negarlo impediría comprender por qué el movimiento revolucionario consiguió inicialmente un respaldo tan amplio.
Sin embargo, la trayectoria posterior reveló una realidad muy distinta a la que había seducido a tantos.
Antes de convertirse en gobernante, Fidel Castro defendió el derecho de un pueblo a rebelarse contra un poder que consideraba ilegítimo. El 26 de julio de 1953 encabezó, junto a otros jóvenes, el asalto al cuartel Moncada, una acción armada que dejó muertos y heridos. Fue detenido, sometido a juicio y condenado a quince años de prisión, aunque permaneció encarcelado menos de dos años debido a la amnistía aprobada en 1955 durante el gobierno de Batista. Aquella decisión le permitió recuperar la libertad, abandonar Cuba, trasladarse a México, reorganizar el Movimiento 26 de Julio, recaudar recursos, adquirir armas, preparar combatientes y regresar a la isla en 1956 a bordo del Granma con el propósito de derrocar por las armas al gobierno existente.
Todo aquello terminó incorporado a la epopeya revolucionaria. Conspirar contra el Estado fue presentado como patriotismo, obtener recursos en el extranjero como solidaridad, adquirir armas como una necesidad de la lucha y desembarcar clandestinamente con combatientes como una gesta heroica. La insurrección quedó legitimada mediante el argumento de que existían circunstancias históricas en las que un pueblo tenía derecho a levantarse contra una dictadura.
La contradicción apareció después del triunfo revolucionario, porque aquello que Fidel Castro había reivindicado para sí comenzó a recibir una valoración completamente diferente en cuanto otros intentaron oponerse a su gobierno. El revolucionario que había conspirado persiguió conspiradores, el dirigente que había buscado financiamiento fuera del país convirtió el apoyo extranjero a sus adversarios en evidencia de mercenarismo y quien había desembarcado armado para derrocar un gobierno comenzó a identificar como terroristas, enemigos o contrarrevolucionarios a quienes se enfrentaban al nuevo poder.
No toda la oposición al gobierno revolucionario fue pacífica y sería irresponsable ocultarlo. Existieron organizaciones armadas, atentados, sabotajes, invasiones y operaciones promovidas o financiadas desde Estados Unidos, algunas de las cuales provocaron víctimas civiles. Reconocer esos hechos resulta indispensable para contar la historia con seriedad, porque sustituir la propaganda oficial por otra de signo contrario tampoco permite comprender lo ocurrido.
Sin embargo, tampoco toda la oposición fue violenta. Bajo el sistema revolucionario fueron perseguidos escritores, periodistas, religiosos, intelectuales, artistas, homosexuales, opositores políticos y ciudadanos cuyo principal desafío consistió en pensar de manera diferente, organizarse fuera de las estructuras oficiales o expresar públicamente críticas al gobierno. La discrepancia política, que debería formar parte natural de cualquier sociedad plural, quedó progresivamente asociada a la traición y a la deslealtad hacia la patria.
El lenguaje desempeñó un papel esencial en ese proceso. Palabras como gusano, mercenario, contrarrevolucionario y escoria pasaron a formar parte del vocabulario utilizado para desacreditar a quienes disentían. No eran solamente insultos lanzados en medio de una confrontación política, sino una manera de despojar al adversario de legitimidad y presentarlo ante la sociedad como alguien situado fuera de la comunidad nacional. El opositor dejaba así de ser un cubano con una posición diferente para convertirse en una amenaza contra la Revolución y, por extensión, contra Cuba.
Esa lógica trascendió a las personas directamente señaladas. Familias enteras quedaron marcadas por la decisión de uno de sus miembros de abandonar el país, disentir públicamente o relacionarse con quienes habían emigrado. Hijos, padres, parejas y amistades cargaron con sospechas, limitaciones y señalamientos que demostraron hasta qué punto la confrontación política había penetrado en los espacios más íntimos de la sociedad. La vigilancia dejó de pertenecer exclusivamente a las instituciones del Estado y comenzó a sentirse en las escuelas, los centros de trabajo, las universidades, los barrios y los hogares.
La Revolución tampoco se conformó con controlar la actividad política. Aspiró a moldear al ciudadano que consideraba compatible con la sociedad que pretendía construir y, dentro de aquel proyecto, quienes no respondían a determinados patrones ideológicos, sociales o morales quedaron expuestos al señalamiento y la exclusión. Las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, conocidas como UMAP, constituyen uno de los episodios más oscuros de aquella política. Por esos campos de trabajo pasaron, entre otros, homosexuales, religiosos y hombres considerados incompatibles con los patrones sociales de la época revolucionaria. La relación del gobierno con numerosas comunidades religiosas atravesó además años de profunda hostilidad, mientras la homosexualidad fue estigmatizada y tratada como una conducta incompatible con el modelo de ciudadano que se pretendía formar. El llamado hombre nuevo no fue solamente una aspiración ideológica; alrededor de aquella concepción también se desarrollaron mecanismos destinados a disciplinar a quienes no encajaban en determinados parámetros de la sociedad revolucionaria.
Esa pretensión de decidir quién resultaba socialmente aceptable encontró posteriormente expresión jurídica en figuras como el estado peligroso. La legislación cubana permitió durante años imponer medidas predelictivas a personas consideradas proclives a cometer delitos a partir de conductas que el propio sistema calificaba como contrarias a la moral socialista. El problema dejaba entonces de limitarse a lo que una persona había hecho y podía alcanzar la valoración estatal sobre su comportamiento, sus relaciones o su forma de vida. La diferencia podía transformarse en sospecha y la sospecha adquirir consecuencias jurídicas, ampliando el control más allá de la oposición organizada hasta espacios profundamente personales de la existencia.
Décadas después, Fidel Castro reconoció públicamente la injusticia cometida contra los homosexuales y asumió responsabilidad por aquella persecución. En 2010 afirmó que, si alguien debía responder por lo ocurrido, era él. El reconocimiento tiene que formar parte de cualquier reconstrucción honesta de esta historia, pero reconocer una injusticia no significa haber pedido perdón por ella. Aquellas declaraciones no estuvieron acompañadas de una petición expresa de perdón a las víctimas ni constituyeron una disculpa institucional del Estado hacia quienes fueron perseguidos, humillados, marginados o enviados a las UMAP. Tampoco dieron paso a un proceso público de esclarecimiento y reparación capaz de escuchar oficialmente a quienes sufrieron aquellas políticas, determinar responsabilidades y explicar cómo un proyecto que proclamaba la construcción de una sociedad más justa terminó castigando a ciudadanos por su orientación sexual, sus convicciones religiosas o por no responder al modelo humano que la Revolución pretendía imponer.
La propia biografía de Fidel Castro hace todavía más difícil justificar esa transformación. Había recibido una amnistía que le devolvió la libertad después de participar en una acción armada, pudo abandonar el país, reorganizar desde el extranjero un movimiento destinado a derrocar al gobierno cubano, buscar financiamiento, preparar combatientes y regresar armado para continuar una insurrección. Años después, miles de cubanos descubrirían que una oposición mucho menos violenta podía conducirlos a largas condenas, persecución, vigilancia o exclusión social.
La comparación adquiere una fuerza particular al mirar las prisiones cubanas y recordar a quienes han sido condenados por participar en protestas, expresar desacuerdo con el gobierno o ejercer derechos políticos y civiles. Fidel Castro fue condenado a quince años después de participar en una acción armada y recuperó la libertad antes de cumplir dos, mientras otros cubanos han pasado largos periodos encarcelados por hechos que no pueden compararse con la organización de una insurrección militar.
A esa contradicción se suma la distancia entre el discurso de sacrificio dirigido a la población y las condiciones de vida reservadas a sectores de la dirigencia. Durante décadas se pidió al pueblo resistir y soportar carencias bajo el argumento de la confrontación con Estados Unidos, la defensa de la Revolución o las sucesivas crisis económicas. La escasez terminó normalizándose entre quienes hacían filas durante horas, dependían de la libreta de abastecimiento, habitaban viviendas deterioradas o esperaban durante años por bienes y servicios básicos.
Mientras ese discurso exigía austeridad a la mayoría, sectores vinculados al poder disfrutaban de condiciones inaccesibles para el ciudadano común. Esa realidad vuelve insuficiente cualquier intento de responder a las críticas señalando únicamente los logros alcanzados en educación y salud. Ambos sectores tuvieron avances que forman parte de la historia cubana y reconocerlos no obliga a justificar el sistema político que los acompañó. Una escuela no sustituye una urna, un hospital no reemplaza la libertad de expresión y la posibilidad de estudiar no puede utilizarse como argumento para negar a un ciudadano el derecho a cuestionar públicamente a quienes gobiernan.
Los derechos humanos tampoco pueden convertirse en una transacción mediante la cual el Estado ofrece determinados beneficios sociales a cambio de obediencia política. Una de las fortalezas de la mitología construida alrededor de Fidel Castro consistió precisamente en presentar una falsa elección entre reconocer los avances sociales o denunciar la represión, como si ambas realidades no hubieran coexistido durante décadas junto a la admiración internacional que despertaba el dirigente y el temor que su sistema podía provocar entre quienes se atrevían a desafiarlo.
Fidel Castro no gobernó durante un periodo breve ni circunstancial. Su presencia atravesó varias generaciones de cubanos que nacieron, crecieron, estudiaron, trabajaron, envejecieron y vieron crecer a sus hijos sin conocer otro centro real de poder. Durante años, el comandante, la Revolución, el Partido y la patria fueron presentados de manera tan estrechamente vinculada que cuestionar al primero podía interpretarse como una ofensa contra todos los demás.
Esa historia también quedó escrita en las sucesivas olas migratorias. Camarioca, Mariel, la crisis de los balseros y otras salidas masivas dejaron familias divididas, despedidas que terminaron convirtiéndose en separaciones definitivas y personas obligadas a reconstruir sus vidas lejos de la isla. Algunos murieron intentando atravesar el estrecho de Florida, mientras otros llegaron a Estados Unidos, España, América Latina o cualquier lugar donde pudieran comenzar nuevamente y descubrieron que el exilio no termina necesariamente al alcanzar otra orilla.
Sería intelectualmente pobre atribuir cada dificultad cubana exclusivamente a Fidel Castro. La política estadounidense hacia Cuba, las sanciones económicas, la confrontación entre ambos países, la desaparición de la Unión Soviética, los errores económicos internos y los profundos cambios internacionales también condicionaron la historia de la isla. Reconocer esos factores, sin embargo, no puede utilizarse para borrar las responsabilidades del gobierno cubano ni para explicar mediante decisiones tomadas en Washington aquello que fue decidido desde La Habana.
Las sanciones económicas no obligan a censurar periódicos, encarcelar periodistas, prohibir organizaciones políticas independientes ni impedir elecciones plurales. La confrontación con otro país tampoco exige que una sociedad renuncie indefinidamente a la diversidad política o convierta automáticamente en enemigo a quien reclame cambios.
Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016, pero el sistema político construido durante su liderazgo sobrevivió. Por esa razón, su centenario no pertenece solamente a los historiadores ni puede reducirse a una discusión sobre la personalidad de un dirigente desaparecido. Continúa relacionado con quienes estuvieron presos, fueron expulsados, aprendieron a callar, abandonaron el país, nunca pudieron regresar o todavía viven en Cuba esperando que pensar diferente deje de convertirlos en sospechosos.
Una parte del mundo conoció al Fidel vestido de verde olivo, al comandante de la Sierra Maestra, al orador de discursos interminables y al dirigente que ocupaba tribunas internacionales desafiando abiertamente a Washington. Muchos cubanos conocieron además al hombre cuya presencia parecía abarcar cada espacio de la vida pública y al sistema dentro del cual una opinión expresada en el lugar equivocado podía afectar el trabajo, los estudios, la familia y el futuro.
Ambas imágenes pertenecen a la historia, pero ninguna debería utilizarse para borrar a la otra.
A cien años de su nacimiento, Fidel Castro continuará siendo considerado un héroe por algunos y un dictador por otros. Cada persona podrá interpretar su legado desde sus convicciones políticas, pero quienes vivieron bajo el sistema que encabezó poseen también el derecho a contar una experiencia que durante demasiado tiempo fue minimizada, relativizada o descartada porque resultaba incómoda para quienes habían convertido al líder revolucionario en símbolo.
El centenario debería servir menos para levantar nuevas estatuas y más para abrir archivos, escuchar testimonios, estudiar las cárceles, recordar los fusilamientos, analizar los privilegios, reconstruir los exilios y preguntarnos cómo un hombre que reclamó para sí el derecho de enfrentarse a una dictadura terminó encabezando un sistema que negó a otros la posibilidad de enfrentarse políticamente a su propio poder.
Habrá quienes celebren los cien años del nacimiento de Fidel Castro y quienes recuerden la fecha desde una experiencia completamente diferente. Entre esas dos memorias permanece Cuba, con una historia demasiado compleja para reducirla a una consigna y demasiado dolorosa para permitir que el mito sustituya la experiencia de quienes la vivieron.
Detrás de Fidel Castro hubo un país y detrás del hombre convertido en símbolo quedaron millones de cubanos cuyo testimonio también pertenece a la historia.