La confrontación alcanzó su punto máximo en febrero, cuando Trump, desde la Casa Blanca, exigió que la gobernadora Mills cumpliera con su decreto o perdería todos los fondos federales para las escuelas
AUGUSTA, Maine
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En una histórica victoria para la inclusión y la justicia, la gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, logró un fallo favorable en los tribunales que devuelve millones de dólares en fondos para el programa de comidas escolares del estado. Este enfrentamiento legal se originó tras el intento de la administración Trump de recortar el financiamiento en represalia por la política inclusiva de Maine, que permitía la participación de niñas trans en deportes femeninos.
El gobierno de Trump había amenazado con cortar más de $3 millones en fondos para el programa que beneficia a más de 170,000 niños y adultos vulnerables en Maine, si el estado no se sometía a su orden ejecutiva que prohibía la participación de atletas trans en deportes femeninos. La demanda de Trump sostenía que la política de Maine violaba el Título IX de la ley federal, que prohíbe la discriminación por sexo en las escuelas.
La confrontación alcanzó su punto máximo en febrero, cuando Trump, desde la Casa Blanca, exigió que la gobernadora Mills cumpliera con su decreto o perdería todos los fondos federales para las escuelas. Sin embargo, Mills no se amedrentó y respondió: “Nos vemos en los tribunales”.
El pasado viernes, Mills celebró el resultado ante los medios de comunicación, diciendo: “Bueno, lo hicimos, nos vimos en los tribunales… y ganamos”, según informó el Portland Press Herald.
Este fallo judicial representa una victoria no solo para el estado de Maine, sino también para los derechos fundamentales y el debido proceso. La intervención de un tribunal federal obligó al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a restaurar el acceso a los fondos destinados a la nutrición escolar y detener su uso como una herramienta de castigo en la agenda anti-trans de la administración Trump.
El fiscal general de Maine, Aaron Frey, expresó su satisfacción con el resultado, aunque lamentó que fuera necesario llegar a los tribunales para que el USDA cumpliera con la ley y sus propias regulaciones. «Es lamentable que mi oficina haya tenido que recurrir a los tribunales federales solo para que el USDA cumpla con la ley y con las directrices establecidas por el Congreso», dijo Frey en un comunicado. «Pero nos complace que la demanda se haya resuelto y que Maine continuará recibiendo los fondos destinados a alimentar a niños y adultos vulnerables».
A pesar de la derrota legal, la administración Trump sigue intentando atacar a Maine, demandando al estado por su política inclusiva y amenazando con revocar $250 millones en fondos educativos a través del Departamento de Educación de los Estados Unidos, según The New York Times. Defensores de los derechos civiles advierten que este caso forma parte de una campaña más amplia para debilitar las protecciones para los estudiantes transgénero en todo el país y para intimidar a los estados que se niegan a seguir la línea de la administración.
El presidente Trump firmó en febrero una orden ejecutiva titulada engañosamente “No a los hombres en los deportes de mujeres”, que exige que todas las escuelas públicas y colegios, incluidos los deportes de la NCAA, prohíban la participación de niñas y mujeres trans en categorías deportivas femeninas o enfrenten la pérdida de fondos federales. En su discurso, Trump repitió afirmaciones desacreditadas sobre la participación de atletas transgénero, sin presentar pruebas que respalden sus alegaciones.
Este fallo también se produce en medio de un creciente número de propuestas anti-LGBTQ+ en los estados. Según la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), en 2025 se han introducido 575 proyectos de ley que buscan restringir el acceso a la atención médica, censurar currículos, obligar a revelar la identidad de estudiantes LGBTQ+, e imponer barreras a documentos de identificación precisos, entre otros.
Por su parte, el presidente de la NCAA, Charlie Baker, recientemente testificó que menos de 10 atletas transgénero participan entre los 510,000 estudiantes-atletas de la organización, desafiando la narrativa de los detractores de los derechos trans.
Esta victoria de Maine no solo reafirma el compromiso con la justicia y la inclusión, sino que también refuerza el derecho de los estados a proteger a sus ciudadanos y a defender las políticas que promueven la igualdad para todas las personas, independientemente de su identidad de género.