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La libertad de expresión es la base que permite la circulación de ideas, el intercambio de posturas y el avance del pensamiento crítico. Sin embargo, en la práctica se presenta una contradicción frecuente: muchos que dicen defenderla recurren a métodos de censura cuando se enfrentan a voces que le resultan incómodas porque suenan a disidencia. Este contraste entre proclamar la libertad de expresión y, a la vez, limitarla, puede generar un conflicto complejo en el que se ponen a prueba tanto la coherencia como la madurez de una sociedad y de sus gobernantes. Si esos límites vienen disfrazados de la protección unilateral de un discurso oficialista, encerrados en las carteras de los más pudientes o dentro de un cepillo diezmático y dominguero, entonces no solo estamos matando esa libertad de expresión; estamos aniquilando la democracia.
Un derecho sólo adquiere valor cuando es garantizado, no solo para las ideas de las mayorías, también para aquellas que desafían el consenso. Quienes sostienen que ciertas voces deben ser censuradas porque atentan contra el discurso de otro, alimentan una paradoja inaceptable: intentar salvaguardar un principio destruyéndolo desde dentro. El resultado es una versión quebrada de ese derecho, estableciendo una línea arbitraria que separa lo correcto de lo incorrecto, dependiendo casi siempre de quien ostenta el cetro del poder.
Silenciar la disidencia en nombre de la libertad de expresión supone que alguien, ya sea el Estado, un grupo social o una élite cultural, se apodere de la facultad de decidir qué puede decirse y qué no. Este mecanismo, aunque se disfrace de protección, abre la puerta a la intolerancia institucionalizada. Quienes se oponen a ciertas voces buscan eliminar lo que incomoda a su visión del mundo. Paradójicamente, se utiliza la libertad como argumento para negarla, lo que erosiona la confianza en los procesos democráticos y crea una cultura de miedo en donde opinar o diferir abre las puertas a represalias inconexas con la libertad de expresar lo que pensamos.
Es cierto que la libertad de expresión no debe ser absoluta. Los discursos que incitan a la violencia y al odio o que atentan contra la dignidad humana deben ser regulados; hay mecanismos jurídicos para ello. El problema surge cuando esa protección se extiende más allá de lo razonable y termina asfixiando el debate mismo o cuando se aplica a todos menos a una élite intocable. En ese punto, lo que se presenta como una defensa de la libertad se torna en un control ideológico disfrazado de justicia. Elemento peligroso para el balance de una sociedad agobiada por la disparidad y dispuesta a tomar las calles… o las armas. Nepal es el ejemplo más reciente o el verano del 19 en Puerto Rico, si nos queremos ir un poco más criollos.
Defender la libertad de expresión exige tolerancia hacia la pluralidad y la diversidad de voces, coartarla para acallar la disidencia genera un escenario autoritario. Las ideas se confrontan con más ideas, no con mordazas impuestas, despidos o coacción, porque eso también es violencia. La respuesta a un discurso que no se alinea con nuestras posturas, no debería ser la censura, sino la argumentación, el cuestionamiento y el debate crítico. Solo de esta manera se fortalece el espíritu democrático y se evita caer en la paradoja de matar la libertad en nombre de protegerla.
La verdadera defensa de la libertad consiste en entender que existen voces disidentes fundamentadas en el criterio y aceptar el riesgo de escuchar aquello que no queremos oír… porque el cambio de postura también es un ejercicio de libertad.
