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Como pastor y como inmigrante, no puedo quedarme callado. Denunciar estas prácticas no es un acto político: es un acto de fe
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, para Pride Society Magazine
“Buscando visa para un sueño”… Así dice la canción, como una plegaria convertida en melodía. Y es que, desde hace décadas, miles de hombres, mujeres, jóvenes y familias enteras han caminado hacia el norte con la esperanza de alcanzar un sueño: no de riquezas, sino de dignidad.
Ese sueño, sin embargo, se vuelve cada vez más frágil. En tiempos donde los muros no siempre son de concreto, sino de leyes, sistemas y complicidades, la promesa de una vida mejor se ve amenazada por prácticas que hieren la conciencia humana.
En Puerto Rico, en donde tanto se habla de hospitalidad y fe, se ha encendido una señal de alerta. En los últimos meses, se ha revelado que agencias del gobierno local han compartido información personal de inmigrantes con entidades federales como ICE, exponiendo a miles de personas al riesgo de ser localizadas, detenidas y deportadas.
Uno de los casos más alarmantes fue el del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), que entregó a ICE los datos de más de 6,000 personas inmigrantes que habían solicitado licencias de conducir al amparo de la Ley 97 de 2013. Una ley creada precisamente para proteger a quienes viven en la isla sin un estatus migratorio regular, garantizando su derecho a conducir sin temor. Hoy, esa ley se ha convertido en una trampa.
La indignación ha sido generalizada. Organizaciones de derechos humanos como la ACLU denunciaron que esto constituye una “contradicción brutal”. Pero más contundente aún fue el pronunciamiento del exgobernador Alejandro García Padilla, firmante de la ley original, quien calificó esta entrega de datos como “inhumana” y “una traición”. “Están entregando a seres humanos”, dijo en una comparecencia televisiva.
Y lo más grave: la propia gobernadora actual reconoció públicamente que su administración se vio obligada a entregar la información para evitar la pérdida de fondos federales. ¿Desde cuándo la dignidad humana es negociable? ¿Desde cuándo se permite que la protección de recursos justifique la humillación de personas?
Esta realidad nos obliga a preguntarnos: ¿qué país somos, qué pueblo queremos ser? Porque no se trata solo de un debate legal, sino de un asunto profundamente moral. ¿Cómo es posible que en una isla de emigrantes, donde miles han partido en busca de libertad, hoy estemos entregando a quienes llegan con el mismo anhelo?
“Buscando visa para un sueño”… pero no es una visa lo que buscan. Es respeto. Es refugio. Es la oportunidad de existir sin miedo. No buscan privilegios. Buscan que no los traicionen. Que no los vendan. Que no los vean como amenaza.
La comunidad inmigrante en Puerto Rico no es una masa anónima. Son personas reales. Cuidan a nuestros ancianos. Cultivan nuestra tierra. Construyen nuestras casas. Limpian nuestras oficinas. Sostienen la vida cotidiana de este archipiélago, aunque el Estado los ignore.
Como pastor y como inmigrante, no puedo quedarme callado. Denunciar estas prácticas no es un acto político: es un acto de fe. Es parte del mandato evangélico de defender al forastero, de no entregar al inocente, de construir una tierra donde quepan todos.
Quien comparte datos de inmigrantes con ICE sin su consentimiento, entrega más que información: entrega vidas. Y lo hace en nombre de una seguridad que no es justa, de una legalidad que no es ética, y de un orden que en realidad es exclusión.
En este mes del orgullo, de la justicia, del Evangelio vivo, alzamos la voz por quienes no pueden hablar. Porque ninguna vida debería ser negociada por fondos. Porque ningún ser humano debería vivir con miedo a ser traicionado por el mismo sistema que prometió acogerle.
Hoy más que nunca, repetimos el canto:
“Buscando visa para un sueño”…
pero también,
“Buscando tierra para la esperanza.”

