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Serrano advirtió que la medida obliga a ignorar identidades de género
SAN JUAN, Puerto Rico
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció la aprobación en la Cámara de Representantes del Proyecto de la Cámara 165, que prohíbe la creación de baños inclusivos en las dependencias gubernamentales, y emplazó al Senado a corregir lo que consideran una violación a la dignidad de las comunidades trans, intersex y no binarias.
“El Proyecto de la Cámara 165 es un ataque a la comunidad trans, intersex y no binaria al no permitirle acceso a un servicio básico para cada ser humano, que es poder ir a un baño sin temor a ser prejuiciado. Se les obliga a ir a un baño contrario a su identidad de género y eso viola su dignidad como seres humanos. La exposición de motivos es un ataque injusto hacia dichas comunidades y el texto de la medida mantiene las definiciones rígidas de sexo biológico, violando su intimidad”, expresó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
El líder comunitario destacó que, aunque en el proceso legislativo se presentaron enmiendas al proyecto, estas no son suficientes para garantizar la inclusión. “No hay garantías para que las personas trans, intersex y no binarias tengan acceso a los baños familiares o asistidos. Esto debido a que no se asignan fondos para que dichos baños familiares sean construidos o habilitados. Todo se queda en una medida aspiracional”, puntualizó.

Serrano urgió al Senado a asumir un rol correctivo cuando evalúe la medida. “El Senado tiene ahora la responsabilidad de corregir el enfoque que mantiene esta medida para que la dignidad de las mujeres, las personas trans, intersex y no binarias sea respetada por igual. El ir a un baño público es un derecho universal que no se puede menoscabar por los prejuicios de algunos. La medida tiene que garantizar la seguridad, tranquilidad y privacidad de todas las personas que usan baños públicos”, enfatizó.
Trasfondo legislativo
El Proyecto de la Cámara 165 fue aprobado en votación mayoritaria en la Cámara de Representantes con el apoyo de legisladores del Partido Nuevo Progresista y del Proyecto Dignidad, mientras la delegación del Partido Popular Democrático se dividió y el Movimiento Victoria Ciudadana junto al Partido Independentista Puertorriqueño votaron en contra. La medida pasará ahora al Senado, donde será evaluada en comisión antes de ir al pleno. Si también recibe la aprobación senatorial, será enviada a la Gobernadora para su firma o veto.

