Esta ley no se limita a prohibir. Castiga. Persigue. Humilla. Y todo bajo la fachada de “proteger a la niñez”
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, para Pride Society Magazine
El 16 de julio de 2025 quedará marcado como un día de vergüenza para nuestra historia. La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 63‑2025, antes conocida como el Proyecto del Senado 350. Con un solo trazo de tinta, el Estado ha decidido ignorar la ciencia, criminalizar el amor familiar y despojar a la juventud trans de su derecho a la vida plena.
Esta ley prohíbe que jóvenes menores de 21 años reciban cualquier tipo de tratamiento médico de afirmación de género. Lo que en otras partes del mundo se reconoce como cuidado esencial, aquí se convierte en delito. Madres, padres, profesionales de salud y terapeutas quedan ahora bajo la amenaza de cárcel, multas y pérdida de licencia si hacen lo que su vocación, conciencia y conocimiento les dicta: acompañar con amor y profesionalismo a quienes transitan una identidad auténtica.
No es una exageración decirlo: Puerto Rico ha legalizado el abandono.
Lo ha hecho a sabiendas. Porque el propio secretario de Salud advirtió que esta ley regula una realidad que no es un problema en la isla. Porque la comunidad médica suplicó que no se legisle desde la ignorancia y el prejuicio. Porque las familias afectadas gritaron que esta ley no protegerá a nadie, pero sí matará esperanzas.
La Ley 63‑2025 es, en esencia, un acto de traición. Traición al conocimiento, a la dignidad humana, a la salud mental y física de jóvenes trans. Pero también lo es al derecho de los padres, madres y encargados legales: viola de manera frontal el principio constitucional de patria potestad.
La patria potestad no es una simple figura legal: es el derecho y deber de los progenitores a decidir sobre la salud, la educación y el bienestar integral de sus hijos. Es un principio protegido por las constituciones estatales y federales, así como por tratados internacionales de derechos humanos. Interferir con ese derecho sin razón médica ni evidencia científica es atentar contra el corazón mismo de la vida familiar.
La Ley 63‑2025 despoja a los padres del derecho a brindar atención médica a sus hijas e hijos trans. Les dice que ya no pueden decidir qué es mejor para el bienestar de sus propios hijos. Que acompañarlos en su identidad no es amor, sino delito. Que proteger su salud mental puede costarles la libertad o la custodia.
¿En qué país democrático es aceptable que el Estado se inmiscuya en decisiones tan íntimas, personales y médicamente informadas? ¿En qué lógica cabe que se castigue a quien actúa con responsabilidad, compasión y asesoramiento profesional?
La historia nos ha enseñado que cuando el Estado pretende suplantar el juicio familiar, los resultados son trágicos. Y hoy Puerto Rico repite esa historia con sello propio.
Esta ley no se limita a prohibir. Castiga. Persigue. Humilla. Y todo bajo la fachada de “proteger a la niñez”.
¿A qué niñez se protege quitándole el acceso a su propia identidad? ¿A qué juventud se cuida arrebatándole el derecho a elegir su nombre, su cuerpo, su camino? ¿Qué libertad se defiende cuando el Estado impone una sola forma de existir?
No nos dejemos engañar. Esta no es una ley por el bienestar. Es una ley por el control. Control de cuerpos, de vidas, de sueños. Una ley que invade los hogares y le dice a cada madre o padre: “No eres quien para decidir lo mejor para tu hijo. El Estado sabe más que tú.”
Hoy, cientos de jóvenes trans quedan en el limbo. Sin acceso a tratamientos. Sin esperanza de ser escuchados. Con miedo de hablar, de existir, de vivir. Y muchos profesionales quedan con el dilema moral de callar o resistir.
Pero esta historia no acaba con una firma. La resistencia no se firma. Se enciende. Y eso es lo que veremos.
Puerto Rico ha sido cuna de dignidad. Tierra de luchas que transformaron leyes injustas en banderas de orgullo. Esta no será la excepción. Las organizaciones de derechos humanos, las familias, los profesionales con ética y los creyentes con compasión no se rendirán. No aceptaremos que el odio se disfrace de protección ni que el abandono se institucionalice.
La gobernadora podrá haber firmado una ley, pero no firmó el silencio.
Desde cada historia trans, desde cada hogar que ama sin condiciones, desde cada conciencia que no se arrodilla ante la crueldad legal, gritamos: esta ley no nos representa.
No abandonaremos a nuestra juventud.
No aceptaremos la injusticia como norma.
No dejaremos que el miedo escriba el futuro.
